La economista Marisa Gracia, gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) entre septiembre de 2003 y octubre de 2012, reclama a las Corts Valencianes un total de 263.194 euros por los «daños morales, físicos y psíquicos» que, asegura, le ha causado el dictamen de la segunda comisión del accidente del metro del 3 de julio de 2006.
Una comisión que finalizó en julio de 2016 y que identificaba a la exgerente de FGV como una de las trece personas responsables «políticas» de las condiciones que facilitaron el accidente del metro en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas y la gestión posterior.
Gracia considera en su escrito, presentado el 1 de junio en las Corts y que pasará hoy por la mesa de la cámara, que el dictamen de la segunda comisión sobre el accidente del metro vulnera su derecho fundamental al honor por considerar que no adoptó «decisiones en el ámbito de sus responsabilidades y competencias en todos y cada uno de los departamentos de FGV que podrían haber evitado el accidente o minimizar sus consecuencias» y ser la «responsable de no abrir investigación interna» tras el siniestro.
Ve vulnerado su derecho al honor
También alega que vulnera su derecho al honor que la consideren «responsable de la contratación de la empresa de comunicación H&M Sanchis, empresa encarga de manipular y adoctrinar a los y las comparecientes en la comisión de investigación».
La exgerente de FGV acompaña su profuso escrito con numerosas referencias a la sentencia del Constitucional que dio la razón al exdirector de Recursos Humanos de FGV, Dionisio García, al considerar que se vulneró su derecho al honor al considerarlo uno de los trece «responsables» de la falta de medidas que propiciaron el accidente y la gestión posterior.
También aporta la resolución judicial del Juzgado de lo Penal 6 de València que archivó la causa contra ella por el accidente del metro tras admitir los hechos cuatro de sus antiguos subordinados en un acuerdo con la Fiscalía de València, que evitó que se celebrara el juicio. Para justificar la elevada cantidad económica que reclama, Marisa Gracia recurre al baremo de los accidentes de tráfico para justificar los daños físicos y psíquicos que, asegura, le ha producido ser «señalada» y «estigmatizada» por el dictamen sobre el accidente del metro de las Corts Valencianes.
Curiosamente Gracia recurre al mismo baremo que se aplicó en las indemnizaciones que se abonaron a las familias de las 43 víctimas del accidente del 3 de julio. Aunque ella reclama una cantidad total muy superior a las que se abonaron a las víctimas del siniestro: una persona viuda percibió 106.275 euros por la pérdida del marido o esposa; 30.000 euros para cada hijo o hija menor de edad por orfandad, 17.700 euros para los menores de 25 años y 8.856 euros para los mayores de 25.
Marisa Gracia pide ahora que se le paguen 93.194,04 euros porque «las secuelas que padece guardan relación de causalidad, con concordancia cronológica y de continuidad sintomática y etiopatogénicamente, con la comisión de investigación de las Corts del 3 de julio de 2015 y el proceso judicial».
Entre otros diagnósticos sufre «estrés postraumático» por lo que se le recomienda que «se oriente hacia el reconocimiento de su condición de víctima siendo esta el único mecanismo de defensa que se siente capaz de emprender». Los otros 150.000 euros que pide lo hace para resarcir los «daños morales» que dice haber sufrido.
