La creación de una empresa pública de Sanidad vuelve al orden del día de la reunión previa al pleno del Consell de esta semana, el denominado «consellet», pero parece que no alcanzará tampoco su objetivo, como ya ocurrió la pasada semana cuando la propuesta tuvo que ser retirada por falta de acuerdo. Unides Podem y Compromís mantuvieron ayer su rechazo y desde la formación morada señalaron que les parecía un sinsentido que vuelva a incluirse en el orden del día cuando sigue sin alcanzarse un acuerdo.

Desde el PSPV responden que si tampoco hay consenso esta semana se volverá a aplazar. Los socios insisten en que su modelo es el de gestión pública directa y ambos han presentado alegaciones contra el decreto, pero las fricciones han aumentado porque Unides Podem y Compromís echan en cara al PSPV falta de diálogo.

La consecuencia es que no hay avances desde que se conoció el borrador de la Conselleria de Sanidad para la creación de esta empresa pública que pretende dar una solución al problema de las privatizaciones sanitarias heredadas del PP y que ahora vuelven a la gestión pública, como ocurrió en el departamento de la Ribera en abril de 2018 y en Torrevieja este año. También se busca recuperar servicios como las resonancias magnéticas o la farmacia en residencias y los socialistas consideran que la vía más adecuada es la creación de la firma pública.

Generará un ahorro

Mientras, el tiempo corre. La concesión del departamento de salud de Torrevieja a la empresa Ribera Salud para la gestión privatizada vence el 15 de octubre. Y en Compromís y Unides Podem no acaban de ver claro el beneficio que la creación de esa empresa puede generar como defienden los socialistas y temen que en el futuro esa mercantil pueda servir para privatizar departamentos enteros, en un momento en el que aún quedan concesiones cuyos contratos no han expirado como Manises, Dénia o Vinalopó, aunque desde el PSPV se reitera la imposibilidad de que todos los trabajadores contratados por empresas privadas puedan convertirse en funcionarios de la Administración autonómica.

Según la memoria económica que se ha conocido del decreto de la mercantil su presupuesto alcanzaría los 25 millones aunque su gestión generaría un ahorro de más de 30 millones de euros según las previsiones que maneja la Conselleria de Sanidad. Algo que no convence a los socios.