Hasta cinco órdenes de ayudas tramitadas por tres conselleries diferentes (Transición Ecológica, Vivienda y Transparencia) se han tropezado en el último mes con un dictamen en contra del Consell Jurídic Consultiu. El patrón es el mismo en todos los casos: todas las resoluciones examinadas partían de un defecto de forma que las situaba al margen del ordenamiento jurídico por vulnerar el decreto-ley que el Consell aprobó en abril para agilizar la gestión administrativa y los procedimientos de subvenciones, al calor de la inminente llegada de los fondos europeos y las necesidades de recuperación derivadas de la pandemia.
La citada norma introdujo cambios en la legislación autonómica vigente para hacer más corto el camino y poder otorgar con mayor rapidez las ayudas promovidas desde la Generalitat, simplificando trámites.
Paradójicamente, su aplicación ha puesto de relieve una maraña legislativa salpicada de dudas y contradicciones que puede acabar retrasando varias convocatorias. En virtud del decreto, las personas titulares de las conselleries son los órganos competentes para aprobar el plan estratégico de subvenciones de cada departamento y las oportunas bases reguladoras para su concesión, que dejarían de tener la consideración de disposiciones de carácter general para guiarse por las características propias de simples actos administrativos particulares, sin vocación de permanencia.
Las bases de las ayudas enmendadas por el Jurídic, en cambio, se tramitaron como disposiciones normativas de carácter general, por lo que el organismo entiende que no pueden ser aprobadas como tales y que deben reformularse a través de un expediente administrativo que «culmine con una resolución del órgano competente». Esta vía debería adelgazar el contenido formal de los proyectos y despojarlos de su habitual estructura de texto articulado con sus preámbulos, títulos, capítulos, secciones y artículos.
Las últimas resoluciones del Jurídic llevan fecha del 18 de mayo y ponen en tela de juicio una órden de ayudas de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica encaminada a financiar inversiones para reducir los residuos urbanos en los municipios y otro proyecto dirigido a la concesión de subvenciones a jóvenes para la adquisición de viviendas del Plan Estatal 2018-2021.
Discrepancias con la Abogacía
Fuentes de la Conselleria de Vivienda sostienen que el dictamen del Jurídic no va a afectar a esta última tramitación. De hecho, hoy mismo está previsto que se publique por cauces oficiales la convocatoria. Un informe de la Abogacía de la Generalitat avaló la fórmula empleada para aprobar las bases, bajo el argumento de que el procedimiento se había iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto-ley de abril del Consell, que no prevé un régimen transitorio. Pero el Jurídic no comparte esta interpretación. Y echa en falta también un informe de la Intervención delegada en el proceso.
Aunque con los cambios introducidos por la citada norma no sería preceptivo el dictamen del órgano consultivo para aprobar las ayudas cuestionadas, las conselleries formularon su consulta y para el Jurídic es obligatorio pronunciarse al respecto. En el último mes, otras dos órdenes de subvenciones de la Conselleria de Transición Ecológica y una más de Transparencia también han sido consideradas anulables y contrarias al ordenamiento.
En todas las resoluciones se advierte de un laberinto sin salida por las contradicciones entre el decreto para agilizar las ayudas y otras normas vigentes que harían imposible su cumplimiento para las conselleries a la hora de aprobar las bases de las mismas.
