La compensación económica a Ciudadanos por sufrir el transfuguismo que el Botànic está dispuesto a facilitar a la formación liberal, tras perder cuatro diputados autonómicos, se va a complicar. Los parlamentarios que abandonaron el grupo que ahora lidera Ruth Merino están decididos ya a ir a los tribunales y denunciar a la cámara por prevaricación administrativa. La decisión, asegura uno de los diputados, será un hecho si no les dan las mismas condiciones que tenían los transfugas anteriores.
En su opinión se estaría cometiendo prevaricación administrativa por parte de la Mesa de las Corts y añaden que si se otorga la compensación de parte del dinero que ellos entienden que les corresponde, se cometería un delito de malversación de caudales públicos y administración desleal del patrimonio público. La intención de los tránsfugas es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Otra opción que tienen en la recámara es acudir al Tribunal de Cuentas, ya que supondría un mal uso de fondos públicos.
Además, el diputado Jesús Salmerón, uno de los tránsfugas junto a Cristina Gabarda, José Antonio Martínez y Sunsi Sanchis, ha dirigido un escrito a la Mesa, al presidente, Enric Morera, y al letrado mayor de la Cámara en el que solicita comparecer ante la Mesa de les Corts al completo, la Junta de Síndics y la Comisión de Gobierno interior para dejar clara su posición y la de sus compañeros, en base al principio básico de defensa, asegura.
En el escrito, Salmerón añade que existe una concatenación de irregularidades enfocadas a vulnerar sus derechos más esenciales como diputados. En su opinión, la compensación a Ciudadanos a cuenta de parte del dinero que los tránsfugas pensaban recibir, vulnera el Reglamento de la Cámara y el principio de igualdad que proclama la Constitución.
Salmerón asegura que es necesaria esta intervención ante los órganos pertinentes, a efectos de poder expresar su postura y la de sus compañeros antes de pedir amparo a los tribunales para que protejan los derechos "que de manera ruin y mezquina quieren limitarnos los partidos del Botànic, con la aparente complicidad de la Mesa y que de materializarse supondría la comisión de un delito de prevaricación administrativa", añade.
