Las entidades sociales CEAR PV, MPDL, Rumiñahui y València Acull han pedido a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, que anule las sanciones a la mujer que "manifestó su indignación" por una concentración convocada por España 2000 el 18 de diciembre de 2020 con el lema "No al islam". En un escrito, estas organizaciones solicitan el archivo definitivo de los procedimientos sancionadores contra la mujer, que fue multada con el pago de 601 euros por aplicación de la "Ley Mordaza", tal como ya publicó en su día este periódico.

La policía la acusa de falta de respeto y de perturbar el orden público cuando "lo único que hizo, al igual que otras personas presentes, fue ejercer su derecho a la libertad de expresión y recriminar a los ultraderechistas por estar incitando al odio contra las personas musulmanas", señalan. En el escrito a la delegada del Gobierno, denuncian que si se confirmara la sanción "se estaría actuando en complicidad con quienes están en contra de la sociedad valenciana diversa, pero igual en derechos, que la inmensa mayoría defendemos".

"Imponer una sanción a quien denuncia estas actitudes que fomentan el odio implica lanzar el mensaje a la ciudadanía de que reaccionar pacíficamente frente a la intolerancia puede suponer un perjuicio a quien tiene el valor de hacerlo", continúa el escrito.

A la mujer que pidió a la policía que impidiera el acto islamófobo, los policías también la acusan de falta de respeto por haberles llamado "racistas" por no hablar en valenciano, unas acusaciones que ha negado y que achaca a "la acritud que mostraban los agentes por instarles a actuar contra los ultraderechistas". Por ello, también se le ha impuesto otra sanción por 200 euros, siempre según la versión de las organizaciones citadas.

Las entidades consideran que en la actuación policial "se cometieron irregularidades por acción y omisión" pues sancionó "a quien estaba denunciando un acto claramente xenófobo y racista, que se desarrolló sin ningún tipo de perturbación ni agresión a sus protagonistas", mientras que "desatendió su obligación de intervenir si hay indicios de que se está cometiendo un delito". Por último, añaden que la Fiscalía de València ha solicitado que se juzgue a España 2000 por delito de odio.