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Presidencia quiere obligar a los funcionarios a airear si se reúnen con lobbies

Transparencia reconoce que las nuevas exigencias son un frenazo político al decreto

El presidente Puig, en un encuentro con Rosa Pérez y responsables de las diputaciones. | EFE/J.C. CÁRDENAS

El presidente Puig, en un encuentro con Rosa Pérez y responsables de las diputaciones. | EFE/J.C. CÁRDENAS

Presidencia de la Generalitat quiere que el personal funcionario tenga la obligación, al igual que la tienen los altos cargos, de informar de sus reuniones con los grupos de interés, es decir, con aquellas entidades o personas físicas que se relacionan con los poderes públicos y ejercen una actividad de influencia.

Esta petición formulada a la Conselleria de Participación y Transparencia supone una vuelta de tuerca al decreto que desarrolla la ley que regula los grupos de interés en la Comunitat Valenciana ya que la norma actual señala a las personas que ocupan cargos públicos como las responsables de hacer constar en un registro la información relativa a este tipo de encuentros.

El texto, aún pendiente de aprobar, insta al personal empleado público a que dé cuenta a su responsable directo si ha tenido contactos con los lobbies. Su identidad también debe aparecer en los informes que reflejan una actividad de influencia, por ejemplo, en la elaboración de leyes, pero en todo caso la norma no le obliga a dar cuenta de sus contactos.

Cambio sustancial

De hecho, la ley de lobbies, aprobada hace más de dos años, está pensada para vigilar y dar transparencia a la agenda de altos cargos. La propuesta de Presidencia de incluir al personal funcionario supone un cambio sustancial en este decreto que lleva atascado meses.

Fuentes de la conselleria que dirige Rosa Pérez apuntan que la propuesta tiene un encaje jurídico complicado. La obligación y el consiguiente régimen sancionador al funcionariado son cuestiones que deben regularse por la ley de función pública.

Por tanto, desde la conselleria se apunta que esta pretensión no puede canalizarse a través del decreto de lobbies. Además, la norma sufriría un cambio sustancial en un momento de la tramitación donde ya se han elaborado todos los informes jurídicos pertinentes, incluido el del Consell Jurídic Consultiu.

El interés de Presidencia de poner el foco en los contactos del personal funcionario con ciertos colectivos (ya sean o no empresariales )es una de las tres cuestiones de calado que Presidencia ha puesto encima de la mesa para dar el visto bueno a un decreto sin el cual no es posible aplicar la ley.

Como ha ido contando este diario, la norma estuvo bloqueada mucho tiempo ante la falta de respaldo presupuestario. Transparencia logró desatascarlo tras una prolongada negociación con Hacienda y cuando estaba apunto de pasar por pleno del Consell se ha encontrado con las pegas de Presidencia de la Generalitat, que desde principio ha recelado de una ley que cree puede entorpecer su acción de Gobierno.

Aunque en un principio ambas partes (Transparencia y Presidencia) redujeron las diferencias a una cuestión de flecos, en el listado de observaciones que surgen del Palau de la Generalitat hay tres cuestiones que nada que tienen que ver con la técnica jurídica.

Son cuestiones políticas que vaticinan que el bloqueo va para largo y tiene una difícil salida. Tanto es así, que en el departamento que dirige Rosa Pérez toma fuerza la idea de que Presidencia busca frenar la norma cuando el expediente ya estaba cerrado. En este sentido, recuerdan que, a diferencia de otras conselleries, no planteó ninguna alegación durante el procedimiento.

Otro elemento de discordia

La cuestión del funcionariado no es la única de calado que ha encallado la norma. El canal telemático de alertas y denuncias, regulado en el disposición segunda, es otro elemento de discordia. Presidencia quiere eliminar la garantía de anonimato para aquellas personas que quieran comunicar posibles casos de incumplimientos de la ley de lobbies y cree que con la confidencialidad es suficiente. Para Trasparencia esto supone un «retroceso» en materia de protección de la persona denunciante y alega que la normativa europea y española avala el anonimato.

Por otro lado, Presidencia plantea modificar los términos en los que se puede expulsar a un grupo de presión en un proceso de participación. La norma, tal como está redactada, plantea que las personas designadas como responsables de la ordenación del proceso pueden excluir a quién de forma reiterada incurra en comportamientos obstruccionistas que impidan el desarrollo regular de la actividad. Presidencia plantea que este petición de expulsión parta de la petición de dos lobbies y no de la conselleria.

En el departamento de Transparencia no ocultaban ayer su malestar por esta situación. Así, recordaban que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado un proyecto de ley para controlar a los lobbies y que la Comunitat Valenciana, va a perder la oportunidad de ser pionera en este ámbito.

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