Cuando Pura Peris asumió el cargo de directora general de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana (en septiembre de 2020) solicitó un equipo de trabajo para poder intervenir desde la Administración en procedimientos de desahucio que iban en aumento y colapsaban la gestión.

En diciembre de 2020 comenzó a funcionar la Unidad de Ayuda ante Desahucios, un equipo multidisciplinar dedicado al seguimiento y la respuesta de las situaciones de emergencia habitacional que se den en la Comunitat.

En cinco meses, la unidad ha atendido a 610 familias (con datos a fecha 21 de mayo de 2021) y aunque la Administración autonómica debería ser la última puerta a la que los afectados deberían tocar ante problemas de pérdida de vivienda la realidad es que esta unidad de trabajo se ha convertido, sin embargo, en la primera.

Los casos en los que ha intervenido la conselleria se enmarcan en dos perfiles: o la familia tiene orden de desalojo porque no puede pagar el alquiler o se encuentra con que el dueño de su vivienda ya no es quien era y le «invita» a irse cuando finalice el contrato o incluso antes a no ser que acepte un alquiler que duplica el precio.

Peris pone de ejemplo el funcionamiento de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), creada en 2012 para gestionar «activos tóxicos» con un 49 % de capital público. «La Sareb adquirió el parque que adquirió con el compromiso de ‘limpiar’ todos esos créditos hipotecarios ‘sucios’ y vender los inmuebles.

Pero de todo el paquete que adquirió, el 10 % eran inmuebles y el 90 % eran créditos hipotecarios. No eran pisos ni casas, adquirieron el paquete de préstamos de los promotores que poco a poco han ido ejecutando. ¿Y cómo lo han hecho? Pues pidiendo el proceso judicial de ejecución hipotecaria del promotor. Pero eso afecta a las familias que tenga el edificio», explica Pura Peris.

La directora general también destaca los casos de familias que estaban pagando un alquiler social, que se firmó con el código de buenas prácticas de 2012, ante la imposibilidad de afrontar las hipotecas.

«Esos contratos de alquiler social eran por 5 años, sin obligación de renovar ya que nadie sabía que en 2018 aún arrastraríamos la crisis económica y que en 2019 vendría una pandemia mundial», explica.

«Estamos con ellos, no contra ellos»

Sin embargo, los afectados creen que la Administración no puede hacer nada al respecto porque se trata de un contrato privado entre el promotor y los particulares, y Peris recalca que «por eso no acuden a las instituciones y deben entender que estamos con ellos, y no contra ellos».

«Las familias reciben la carta del dueño (banco o fondo de inversión) que les ordena irse y se asustan y se van. Se va el que puede irse. ¿Y quién se queda? Pues quien no tiene alternativa habitacional, es decir, los más vulnerables, a los que nadie alquila una vivienda». Y es que a los altos precios se suman los requisitos para alquilar un inmueble, que pasan por contrato fijo y excluyen a personas en paro, con rentas mínimas o pensiones.

La conselleria cuenta entre sus funciones con «ayudar a las familias a que no pierdan la vivienda». «No es posible el desahucio sin alternativa habitacional. Así que si la familia recibe una carta debe tranquilizarse y acudir a los servicios sociales o ponerse en contacto con nosotros a través del número de whatsApp 623012103. Si no hay negociación posible buscaremos alternativa habitacional», concluye.