Una consultora empresarial domiciliada en Madrid ha aceptado el encargo de tomar el control de Divalterra para proceder a su liquidación ordenada y su extinción definitiva en un plazo inferior a un año. La propuesta que ayer trasladó a la junta general del próximo martes el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, plantea la designación de Afianza Asesores, SL como liquidadora única por tiempo indefinido de la empresa pública.
La firma -cuya elección se justifica en un informe avalado por el secretario y el interventor de la diputación- deberá formular balances, hacer inventarios, poner las cuentas en orden y definir cómo se articula la transmisión en bloque del personal (más de 600 empleados), la actividad y los servicios hasta ahora prestados por Divalterra para que pasen a ser gestionados con garantías por el Consorcio de Bomberos y la propia corporación provincial.
Afianza, a su vez, ha nombrado ya a un representante para coordinar las labores, en las que participará un equipo formado por un mínimo de tres profesionales: un auditor de cuentas y dos abogados. La retribución global de los liquidadores queda fijada en 210.000 euros. La diputación les marca el objetivo de completar los trabajos en el plazo de tiempo más corto posible, a poder ser en menos de un año.
Control adicional
Hasta su extinción, Divalterra mantendrá su personalidad jurídica y quedará sometida al control financiero ejercido por la Intervención de la Diputación. Dados los efectos económicos que va a provocar la disolución en la corporación provincial, Toni Gaspar ha ordenado que se establezca un «control adicional» a los actos de administración adoptados por los liquidadores, consistente en la supervisión previa de cualquier decisión que tenga que ver con los contratos no menores de la entidad y con cuestiones relativas a los contratos del personal, así como de cualquier modificación sustantiva de sus retribuciones o condiciones de trabajo.
La diputación vigilará las resoluciones de los liquidadores sobre la venta de activos y derechos o sus bajas en inventario, así como los nuevos pasivos y obligaciones que puedan generarse fuera de los compromisos contractuales para garantizar que el proceso sigue todas las garantías.
La extinción de Divalterra comportará que los bienes, derechos y obligaciones de la empresa pública que hubieran quedado se incorporen al patrimonio de la diputación, incluido el pasivo. El liquidador continuará gestionando los servicios a transferir hasta que se determine (con la financiación de la corporación provincial) y deberá poner en orden las relaciones jurídicas pendientes hasta la disolución definitiva. En la junta general del martes también se cesará a los nueve integrantes del actual consejo de administración de Divalterra.
