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La derecha en bloque pone el foco en los indultos para hacer oposición al Consell

Zanja todo debate sobre adelanto electoral

La nueva síndica del PP, Eva Ortiz, habla con el portavoz adjunto, Miguel Barrachina

La nueva síndica del PP, Eva Ortiz, habla con el portavoz adjunto, Miguel Barrachina ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

PP, Ciudadanos y Vox mostraron ayer en las Corts un discurso casi coincidente. A pocos días del encuentro de los tres partidos en la Plaza de Colón de Madrid para protestar este domingo contra los futuros indultos del Gobierno a los líderes del procés en Cataluña, los matices entre los partidos de la derecha valenciana resultaron insignificantes en la sesión de control al presidente, Ximo Puig, con el foco puesto más en lo que ocurre en Cataluña que en la Comunitat Valenciana.

Los tres partidos van a echar el resto con los indultos para desgastar al Consell mientras tratan de valencianizar el debate con críticas al «seguidismo» del Gobierno valenciano respecto de las políticas de Pedro Sánchez en Cataluña. Puig se ha situado como uno de los barones socialistas que más cobertura ha dado al discurso de desinflamación de Sánchez sobre Cataluña, junto a la balear Francina Armengol, pero frente a otros referentes socialistas y la derecha quiere sacar partido de ello.

El foco en el debate de ayer estuvo tan centrado en los indultos que en varias ocasiones desde el ejecutivo valenciano recordaron a la oposición que la sesión era de control al gobierno autonómico y no al de España.

Fuentes del Consell aseguran que la derecha valenciana ya no tiene más discurso que Cataluña y recurre a los indultos ante la buena marcha de los datos de la pandemia, la recuperación o el proceso de vacunación. Incluso sorprendió que al menos en dos ocasiones desde la bancada de la derecha se restara importancia a la vacunación y lo que supone para la recuperación económica.

Puig defendió los indultos como solución política por interés general y reclamó más confianza en los gobiernos. Lamentó que los pactos solo sean posibles cuando gobierna la derecha, como ocurrió con el acuerdo antiterrorista que llevó al fin de ETA y que el expresidente Rodríguez Zapatero apoyó desde la oposición, pero reprochó que esos pactos nunca son posibles cuando la derecha está fuera del Gobierno. Puig remarcó la necesidad de que las instituciones y los gobiernos sean leales y recordó que el gobierno valenciano lo fue cuando gobernaba el PP sobre la cuestión de Cataluña. También los socialistas lo fueron con Rajoy en la aplicación del artículo 155. Puig además descartó por completo un adelanto electoral y zanjó de raíz cualquier posible debate.

La vicepresidenta, Mónica Oltra, aseguró que el enconamiento de la situación en Cataluña lo ha generado la derecha y que el pecado original de la crisis de 2017 está en la recogida de firmas contra el Estatut que el PP promovió en 2010. En su opinión, la derecha es capaz de sacrificar el Estado por un puñado de votos en el resto de España y les animó a ir a Cataluña a recoger firmas.

Aunque la síndica del PP, Eva Ortiz, se refirió a la subida de la luz, al trasvase Tajo-Segura, a la financiación, a los impuestos o a la mensualidad del IVA pendiente de abonar por parte del Gobierno desde los tiempos de Cristóbal Montoro, el PP centró sus intervenciones en Cataluña y hasta mencionó los països catalanes.

La medida no valía con corruptos

La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, recordó los tiempos en que la izquierda rechazaba los indultos y descartaba que pudieran aplicarse a los condenados por corrupción porque se daba la imagen ante la ciudadanía de que delinquir salía gratis.

Ciudadanos, como en sesiones anteriores, insistió en lo que considera una imposición del valenciano en comarcas alicantinas.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, recordó la corrupción del PP, que ha aflorado de nuevo con la imputación de la exnúmero dos Dolores de Cospedal y criticó la gestión del Gobierno en las Cercanías y pidió que se cumplan los acuerdos del Botànic. Unides Podem insistió en la gestión totalmente pública de la sanidad y rechazó crear una firma pública.

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