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Dos ultras ligadas a Vox, las primeras multadas por enaltecer el franquismo

Una de ellas ya fue detenida en mayo

Concentración contra la marcha ultra del 12 de octubre en Benimaclet.  | GERMÁN CABALLERO

Concentración contra la marcha ultra del 12 de octubre en Benimaclet. | GERMÁN CABALLERO

Dos amigas catalanas unidas por su nostalgia del franquismo y por sus lazos con Vox han sido objeto de las primeras multas que impone una Administración Pública en España por infringir una norma autonómica que prohíbe enaltecer a la dictadura a través de la exhibición de banderas franquistas en la calle. Ocurrió el 12 de octubre de 2020 en el marco de una marcha convocada por España 2000 que recorrió el barrio valenciano de Benimaclet con antorchas y bajo el lema «Gobierno dimisión».

Las resoluciones sancionadoras ascienden a 4.000 euros y las firma el director general de Calidad Democrática de la Generalitat valenciana. Francina V. y Carlota S. fueron identificadas a raíz de una denuncia interpuesta por la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática.

En una fotografía cotejada con las imágenes remitidas por la Delegación del Gobierno, a ambas se les reconoce claramente porque son las únicas que posan frente a una Iglesia con la bandera preconstitucional sin llevar mascarilla. A un tercer implicado que las acompañaba también se le abrió un expediente sancionador en noviembre de 2020, pero finalmente no ha podido determinarse que sea responsable de la misma infracción.

Las dos sancionadas son muy conocidas y activas en los habituales cenáculos de adoradores del franquismo y la ultraderecha. También han estado vinculadas a los llamados Grupos de Defensa y resistencia (GDR) que combaten el independentismo en Cataluña y se han involucrado en la campaña de defensa del Valle de los Caídos, de la mano de la Fundación Francisco Franco.

Francina V. fue delegada regional de Fuerza Nueva en Cataluña y en las últimas elecciones municipales de 2019 integró la candidatura de Vox en Terrassa. Carlota S., por su parte, fue apoderada de este partido de ultraderecha en Llagostera después de haber colaborado con la xenófoba Plataforma x Catalunya y de haber salido a la palestra por sus comentarios homófobos en las redes sociales, en los que proponía fumigar Barcelona tras el día del Orgullo LGTBI.

Hace escasamente un mes, en mayo, fue detenida en el marco de la operación «Loki», que desarticuló una presunta trama de falsificación de carnés de conducir y blanqueo supuestamente encabezada por su hijo, informático de la DGT en Girona.

Infracción grave

Los expedientes abiertos por la Conselleria de Calidad Democrática que dirige Rosa Pérez, pioneros en España, declaran a las manifestantes identificadas responsables de la exhibición de elementos «contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas», una infracción grave de la Ley valenciana de Memoria Democrática, que prevé castigos de entre 2.000 y 10.000 euros por este tipo de conductas. Las sancionadas pidieron el archivo del expediente instruido contra ellas argumentando que los hechos de los que se les acusa no son constitutivos de la infracción imputada.

En sus alegaciones, defienden que la bandera del águila de San Juan no es preconstitucional ni anticonstitucional y tratan de cuestionar la regulación autonómica asegurando que únicamente hace referencia a la simbología presente en edificios públicos y privados y no a la exhibida por personas en la calle.

La resolución de la dirección general, sin embargo, rechaza de plano ambos argumentos y recuerda que el escudo de la bandera que empuñan los manifestantes es franquista porque responde al modelo aprobado por decreto en1945 y vigente hasta 1977, con el lema «Una, grande y libre» en la parte media del cuello del águila.

Las mujeres identificadas todavía pueden interponer recursos de alzada contra las resoluciones de sanción antes de agotar la vía administrativa y de que el procedimiento sea firme. Los expedientes instruidos concluyen que, si bien, la manifestación de Benimaclet admitía diferentes formas dirigidas a la critica del Gobierno, «en ningún caso que las mismas tengan lugar mediante la infracción del ordenamiento jurídico».

En la marcha ultra del 12-O participaron decenas de personas que portaron antorchas y exhibieron símbolos nazis y falangistas. Según la investigación seguida por la conselleria, la concentración terminó convirtiéndose así «en un acto de promoción y exaltación en público de la dictadura franquista, y, por lo tanto, de quienes ocasionaron un grave quebranto al régimen de libertades y al sistema democrático del estado español».

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