Juguetes que muestran escenas de la vida cotidiana para explicar, mediante el juego, qué les pasa, qué ocurre en casa, qué violencia viven o han vivido. Porque todos los menores que atraviesan la puerta de cualquiera de las nueve Unidades de Valoración Integral Forense (UVIF) -pioneras en España por su estructura comarcal y creadas por la Conselleria de Justicia en 2019- provienen de entornos de violencia de género.

«Aquí no llegan denuncias falsas. Lo que llega tiene análisis, trasfondo y recorrido en el tiempo. No es algo puntual, es un relato a abordar en profundidad», puntualizan las expertas que protagonizan este reportaje. Son tres: la médicos forense, Carmen Rodero; la psicóloga forense,Patricia Cuquerella; y la trabajadora social, Inés Sánchez Endrina. Destacan la importancia de «la mirada multidisciplinar» de la unidad y quieren que sus declaraciones se aborden como lo que son: un equipo.

Levante-EMV se adentra en la UVIF situada en los juzgados de Paterna, de la mano de la directora del Instituto de Medicina Legal de València, Elvira Garrido. Es una sala «amigable», donde se realiza una valoración integral forense a todos los miembros de la familia, es decir, a la víctima, al investigado por maltrato y a los hijos, si los hay.

Pero no es lo mismo tratar a un adulto que a un niño. Por eso, mediante el juego, las profesionales acceden a la información. Y también por eso, la Conselleria de Justicia ha invertido 6.000 euros en adquirir mobiliario infantil, de almacenaje, material de papelería, libros y juguetes. Eso sí, aunque encontramos Playmobil no se trata ni del barco pirata ni el campamento indio. Los niños que visitan las UVIF juegan con casas, con el colegio, con el parque... espacios habituales donde se desarrolla la vida de una familia. «La etapa de juego simbólico de un niño te ofrece una información privilegiada», explican.

Todos los casos que llegan a las unidades se enmarcan en la violencia machista. «Valoramos la situación de la víctima desde el punto de vista médico, psicológico y social. Pero la situación de violencia de género no sólo afecta a las víctima, si hay menores», explican. Con los críos es cuando entra en funcionamiento el equipo psicosocial (la médico forense solo los visita cuando hay lesiones), para abordar tanto «lo que se denomina violencia vicaria» como la atención cuando son víctimas directas de maltrato. La unidad también valora a los investigados, a los maltratadores. «Somos objetivas, no somos de parte y contamos con técnicas instrumentales, estudios y bases científicas para nuestros informes», explican.

No es un hecho, es un relato

Las expertas recalcan la formación que han recibido antes de entrar a formar parte de la unidad y rechazan los bulos que acompañan una violencia de género que ven a diario. Se niegan a generalizar. No hay perfil de víctimas, no hay patrones.

Lo que sí destacan es la importancia de la perspectiva de género, la mirada científica de su trabajo y una realidad (la denuncia) que es la base para la investigación integral que ellas realizan. «No se trata de analizar un hecho puntual sino un relato en el tiempo», recalcan. El objetivo es obtener la máxima información en una única sesión para no «revictimizar».

Las unidades solo actúan a petición del juez. Si el procedimiento es penal «el juez solicita que se vea a la víctima y se haga una valoración forense integral multidisciplinar, pero también solicita que se vea al investigado. Por supuesto, no coincidirán nunca aquí. Y luego, si hay menores, también pide la intervención de este equipo para saber la veracidad del relato para usarlo como medio o no de prueba. Lo vemos todo y se remiten los informes. Luego, su señoría decide si hay juicio y si debemos ir a defender allí nuestros informes», relatan.

Ese es el mayor grueso de actuación de la UVIF de Paterna. Aparte, la psicóloga y la trabajadora social «llevan algunos aspectos civiles donde o bien hay una sentencia por maltrato o hay un procedimiento abierto y se deben establecer unas medidas sobre la guardia y custodia de esos menores».

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, destaca la inversión de «más de un millón para dotar a las nueve unidades con una plantilla de 30 profesionales, que vamos a ampliar a 38 este año». Y concluye: «hemos extendido el servicio a las comarcas, algo muy importante».