El Reino Unido prepara un final de mes ajetreado con miles de extranjeros en ascuas por su situación legal. En cuestión de unos quince días cierra el plazo —abierto durante largo tiempo— para presentar solicitudes de residencia en ese país como consecuencia del Brexit. Según la Generalitat, hay 20.000 valencianos en territorio británico.
No obstante, el Centre Valencià a l’Exterior al Regne Unit, la única asociación de residentes reconocida por las autoridades, estima que esa cifra ha ido «a la baja» en los últimos años, debido al proceso por el que el Reino Unido ha abandonado la Unión Europea, un trauma que aún da sus últimos coletazos, que en el peor de los casos podrían llegar en forma de expulsiones. De cerca de cinco millones de peticiones recibidas, el Gobierno británico ha denegado 55.950, según los últimos datos oficiales disponibles, del 1 de junio.
Sin embargo, diversos valencianos contactados por Levante-EMV confirman haber hecho los deberes y recibieron ya el correo que les concede el settled (residencia definitiva) o el pre-settled (residencia temporal con opción a definitiva). Son las dos palabras que todo extranjero en Reino Unido quiere oír.
«La mayor parte de los valencianos de la asociación hicimos los papeles pronto, el toro se veía venir desde hacía tiempo», cuenta el tesorero del Centre Valencià Ferran Nogueroles, un informático de 48 años natural de Benetússer que lleva alrededor de 20 años allí.
Explica que le han concedido la residencia definitiva y que los valencianos a su alrededor respiran tranquilos. El problema, según ha podido saber por las consultas recibidas, es ahora para los jóvenes que quieran ir a Reino Unido. «Esto es una carrera de obstáculos. Sé de gente que se ha vuelto durante la pandemia porque no valía la pena, junto a la pandemia de coronavirus y con todos los restaurantes y bares cerrados, apostar por el proceso para legalizarse», opina Nogueroles.
Lamenta que cualquier valenciano que quiera hacer lo mismo que él hace veinte años «tiene que mentir delante de las autoridades y decir que no va a Reino Unido a trabajar».
Nogueroles recuerda el caso, el pasado mayo, de la joven valenciana retenida durante tres días en un centro de extranjeros en Londres antes de ser devuelta a España. Y fue deportada por decir la verdad, que era que tenía intención de trabajar en Reino Unido. Al no tener el pre-settled concedido, la consideraron inmigrante irregular y regresó al aeropuerto de Manises.
Desde allí partió hace casi dos años la joven científica de 23 años Alicia González, de La Vall d’Uixó. Una carrera académica brillante la llevó a la Universidad de Cambridge, donde gracias a una beca elabora su tesis doctoral, que gira en torno al desarrollo de modelos basados en células humanas en el alzhéimer. Al estar como estudiante y no empleada en una empresa, su crítica al proceso de solicitud de residencia es que las autoridades británicas no le informaron en ningún momento de que debía hacer los papeles. Fue gracias a su jefe en el laboratorio y sus compañeros que se enteró de que debía hacer los papeles, al poco tiempo de llegar.
Lo hizo «por si acaso», porque al principio no pensaba quedarse tanto tiempo, y al final haber garantizado el «pre-settled» le servirá para desempeñarse sin problema los próximos cinco años. González agradece no haber tenido problemas y poder continuar su labor en el prestigioso centro universitario. «Me siento bastante afortunada, es un ambiente muy vibrante», narra esta valldeuxense.
Una aplicación fácil e intuitiva
Blanca Peralta, de 27 años y de València, cree como muchos otros consultados que un punto positivo para que el proceso no fuera traumático fue «lo fácil e intuitiva que era la aplicación móvil para pedirlo». «En cinco o diez minutos lo hacías», cuenta, al tiempo que recalca que era necesario el pasaporte en vigor, el número de la seguridad social británica y presentar una factura a su nombre. O sea, fácil siempre que se tenga todo en orden.
Según la Coalición de Españoles en Reino Unido, los perfiles más complejos a la hora de que se les conceda la residencia son los mayores de 70 años que migraron en los sesenta —muchos piensan de manera errónea que no tienen que hacer los papeles— y los niños nacidos en España y que viven allí. Hay «centenares de españoles» en situación de pasar a un limbo legal.
En ese limbo puede estar Julián Torres, colombiano con residencia española. Hizo la solicitud hace dos meses y todavía no le han respondido. Sin el estatus aprobado no puede trabajar —que es «lo peor»—, y si se lo niegan se tendrá que ir junto a su esposa, a pesar de que ella sí está en regla. «Siempre está la incertidumbre, la duda de si finalmente te lo van a dar o no», expresa Torres con aflicción y su futuro en el aire.
