Mientras los domingueros se congregaban en el paseo de la Malva-rosa, una caravana de coches iba formándose decorada con globos y pancartas. Era la octava marcha organizada por los interinos de la Administración Pública para denunciar el «abuso de temporalidad» de estos trabajadores y trabajadoras y para exigir que España cumpla con la sentencia del 3 de junio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para garantizar la estabilidad de casi un millón de interinos y trabajadores temporales.
Uno de ellos, José Manuel, veterinario en dependencias de la Generalitat Valenciana, acumula 28 años como interino. «Tengo 58 años ahora, me jubilaré en unos cinco años, y ahora han convocado plazas y me obligan a examinarme», denuncia. En su caso, la última oferta de empleo público que salió fue en 1998 y desde entonces, nada. Hasta este año. «Es muy triste porque la Unión Europea está luchando contra la precariedad del empleo y nos manifestamos para que se cumpla la normativa», señaló. Quieren que se consoliden sus plazas porque «ya que no tenemos una, que nos dejen donde estamos hasta que nos jubilemos», afirmó, y lamentó que si no aprueba el examen y se queda fuera del mercado laboral, «con 58 años no volveré a entrar».
La marcha se convocó como cada segundo domingo desde febrero en el IES Isabel de Villena. Fue el último encuentro antes de la huelga que Intersindical Valenciana, CNT y CGT han convocado junto a la Coordinadora Valenciana de Empleados públicos en Fraude de Ley.
María Escalona, una de las portavoces del movimiento, leyó el manifiesto donde recordó que «Europa nos avala, la única solución propuesta por el Gobierno de España es ilegal porque se basa en procesos selectivos de falsa estabilización y supondrán el despido libre y gratuito de muchos trabajadores», apuntó. . «Exigimos la permanencia en nuestro puesto de trabajo hasta la jubilación, ¡fijeza ya!»,gritaron.
Según la organización, la situación es más grave si cabe porque el perfil más habitual de los interinos es el de mujer con una edad media de 53 años. Como Escalona denuncia «además de precariedad, sufrimos la brecha de género».
En concreto, se exige la modificación del Estatuto Básico del Empleado público para establecer sanciones en las Administraciones que abusen en un futuro de la temporalidad. Debe enmarcarse en la Directiva Europea 1999/70/CE y en la sentencia del pasado mes de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Para el colectivo, la única solución es la consolidación o la fijeza de los interinos, ya que en España, 1 millón de trabajadores del sector público, casi el 30%, son temporales.
«Abuso» reconocido
La propia Escalona es otra de las afectadas. En su caso, administrativa en el Ayuntamiento de Sagunt, lleva 20 años en la misma plaza. Ella demandó y ahora ha conseguido que le reconozcan, por un lado, como indefinida no fija y, por otro, que la Administración «ha abusado» de su categoría. «Estamos esperanzadas en que se resolverá, pero España es famosa por incumplir la normativa europea», ha lamentado.
Como ella, José y Lola también son interinos en el Ayuntamiento de València. José lleva ahora cuatro años en una plaza, por lo que ha rebasado el máximo legal de 3 años. El caso de Lola es más acuciante porque lleva 18 años sin ser fija.
