El pleno del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) considera necesario aprobar una Ley de Residuos en la Comunitat Valenciana, aunque cree que se debería de haber promovido una mayor participación pública en su tramitación.

El órgano consultivo ha realizado una serie de observaciones al articulado de dicha ley. Desde el Comité se observa la necesidad de adaptar la norma autonómica a la estatal que, a su vez, trasponga la europea.

Así, la elaboración del Dictamen a la Proposición de Ley para la Prevención de Residuos, Transición Ecológica y Fomento de la Economía Circular en la Comunitat Valenciana ha sido objeto de análisis por el CES-CV, que ha realizado una serie de observaciones a la misma, que han sido consensuadas y aprobadas por unanimidad en el pleno de este miércoles.

El Comité ha analizado la propuesta de ley que le fue remitida por la Presidencia de Les Corts para su dictamen y que ha generado 18 observaciones generales y 42 observaciones a los preceptos y anexo de la ley, todas a partir del hecho de considerar "precisa" esta norma, con el fin de incorporar los criterios de economía circular en materia de política de residuos, impulsando la prevención y reducción de la generación de residuos, la reutilización y el reciclaje de los mismos, así como su incorporación en el ciclo productivo, como ha manifestado este Comité en sus sucesivas Memorias Socioeconómicas de la Comunitat Valenciana.

El CES considera preciso diseñar una estrategia valenciana integral de economía circular, por lo que ve importantante que la Proposición de Ley contemple medidas de impulso de nuevas actividades económicas y yacimientos de empleo que se pueden generar con la economía circular, así como medidas vinculadas a la formación, capacitación y reciclaje de trabajadores y empresas.

ACUERDOS

Por ello, vería oportuno que la Administración favoreciera el fomento de acuerdos voluntarios entre los actores sociales y económicos para alcanzar los objetivos marcados.

El Comité considera que debería haberse promovido un mayor proceso de participación pública en la redacción de esta futura Ley. Se estima necesario implicar más a la sociedad, a los agentes económicos y sociales y a la ciudanía. En este sentido el CES quiere poner en valor el alto consenso, incluso en sus aportaciones de tipo técnico, alcanzado por las diferentes organizaciones presentes en esta institución.

Este consenso, y el alto nivel de precisión técnica que se ha alcanzado, permitirán una mejora en la regulación de una materia tan importante para la sociedad, según ha apuntado.

Se dictamina que cabe la posibilidad de que la aprobación de la norma estatal y esta Propuesta de ley se haga de forma casi simultánea, de forma que existan preceptos y obligaciones no armonizados que originen situaciones transitorias de inseguridad jurídica. Por ello considera que la Proposición debe ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y europeo para generar un marco normativo claro, que facilite su conocimiento y comprensión por la sociedad, dando así cumplimiento al principio de seguridad jurídica.

En ese contexto, el CES-CV estima que es preciso dar un plazo de tiempo hasta la entrada en vigor de la ley para facilitar la adaptación a la misma de ciudadanos, ayuntamientos, consorcios y agentes económicos.

UNIFICAR LA NORMATIVA

El Comité considera "poco operativo" mantener en vigor la actual Ley de Residuos (Ley 10/200, de 12 de diciembre) por estar ampliamente superada por el nuevo marco jurídico europeo y estatal vigente y aprobar este nuevo texto. Por ello, entiende, que es preciso unificar la normativa en materia de residuos.

Se observa que una parte sustancial de la Proposición de Ley podría afectar a competencias normativas estatales para regular el Régimen de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Por ello, el Comité estima mejor esperar a lo que se disponga en la próxima normativa estatal que transponga las directivas europeas para así armonizar la Proposición de Ley autonómica en materia RAP.

El Comité observa que la Proposición establece obligaciones no previstas en la legislación estatal básica. Por ello, entiende que debería revisarse si estas diferencias pueden dificultar la actividad empresarial, restan competitividad o encarecen los productos.

El CES alerta que la "indefinición" de algunos conceptos y la ausencia de legislación estatal básica al respecto puede dotar a la norma de una inseguridad jurídica que dificulte a las empresas destinatarias el conocimiento y comprensión de sus obligaciones.

Además, estima que sería conveniente hacer un estudio económico para evaluar los costes que supondrían para las administraciones locales y autonómica la aprobación de esta Proposición de ley, así como el impacto que generan algunas medidas concretas en la actividad empresarial.

El Comité insta a revisar los plazos fijados en el documento dictaminado para adaptarlos a la fecha de aprobación de la Proposición de Ley.

El CES, en línea con las conclusiones del Informe sobre Medio Rural de la Comunitat Valenciana aprobado en julio de 2020, considera que la Proposición de ley debiera incorporar medidas y herramientas concretas para favorecer y generar inversión en actividades económicas vinculadas a la economía circular en el medio rural.