El exvicealcalde de València Alfonso Grau y los dos empresarios que recurrieron su ingreso en prisión preventiva el pasado 15 de mayo por el caso Azud II seguirán en prisión. La sección tercera de la Audiencia de València notificó ayer a los interesados los tres autos por los que desestima los recursos de apelación interpuestos por tres de los cinco investigados encarcelados en el marco del llamado caso Azud, el exvicealcalde y los empresarios Mónica M.G. y Joaquín P.R.
Los magistrados confirman así la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza de todos ellos, acordada por la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia el pasado 15 de mayo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Los otros dos encarcelados por el caso Azud II, el exportavoz socialista del Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, y el empresario inmobiliario Jaime Febrer, no habían recurrido el auto que decretó su encarcerlamiento, por lo que también seguirán en prisión preventiva.
La prisión provisional es una medida extraordinaria y excepcional que la jueza y el fiscal Anticorrupción del caso Azud decidieron adoptar para evitar la destrucción de pruebas, el riesgo de fuga y la supuesta continuidad delictiva, como sucedió en el caso Erial, cuando el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, también fue enviado a prisión junto a sus dos presuntos testaferros durante nueve meses. Los tres quedaron en libertad cuando los investigadores de Erial, en este caso el Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción, recuperaron seis millones de dinero procedentes de Suiza que, presuntamente, manejaba una de los testaferros del exministro y expresidente de la Generalitat.
También José María Corbín, abogado y cuñado de la alcaldesa de València durante veinticuatro años, Rita Barberá, fue enviado a la cárcel tras ser detenido en abril de 2019, donde permaneció casi un mes. Corbín es el origen de esta causa que comenzó a investigarse en 2017 y que indaga en una presunta trama de prebendas y mordidas urbanísticas, con el constructor Jaime María Febrer y su empresa Construcciones Valencia Constitución en el epicentro del negocio, que habría echado a rodar en el Ayuntamiento de València, pero acabó exportando el modelo de información privilegiada a otros consistorios de menor envergadura, tanto de València como de Alicante. Febrer regaba a políticos y funcionarios municipales con regalos.
