Quizá las reformas de la financiación y los grandes temas de la agenda autonómica no son tan complejas como el Gobierno, desde el centro de España, quiere extender. Que el diálogo calmado es posible y que hay un sustrato común de ideas quedó claro en el encuentro que mantuvieron los presidentes de la Comunitat Valenciana, Baleares, Galicia y Andalucía (dos del PSOE y dos del PP), propiciado por el Cercle d’Economia de Catalunya. Que diálogo y puntos de encuentro surgieran en Barcelona tiene un mensaje especial hacia los defensores de la ruptura como forma política. Es de suponer que algo así buscaba la institución con estas jornadas que ya han provocado una fotografía del rey con el presidente catalán. No es mucho, pero es algo.
Ximo Puig, Francina Armengol, Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno Bonilla no dejaron grandes ideas nuevas. Se movieron en el terreno de los discursos manejados con fluidez. Lo nuevo fue la coincidencia pública. Esta lanza un mensaje al Ejecutivo central (el ministro Miquel Iceta estaba en el acto) de que es posible hacer algo sobre financiación y descentralización, aunque sea más cómodo pensar que no se dan las condiciones. Como dijo el presidente andaluz, se requiere «generosidad y audacia», pero el Gobierno de España ha de asumir un papel de «liderazgo». Es importante la reflexión después del jarro de agua fría que la ministra de Hacienda lanzó el martes pasado a la delegación valenciana que acudió a su despacho a reclamar un nuevo modelo.
Ximo Puig perfiló el estado de la cuestión después de escuchar a sus homólogos en Andalucía y Galicia, de un partido contrario al suyo. «Hay un consenso en contra del sistema [de financiación], ahora hay que pasar a un consenso a favor», dijo.
La euforia en torno a la reforma obviamente es mayor en los representantes de los territorios perjudicados que en el que no lo está (Galicia). Aún así, Núñez Feijóo admitió el acuerdo general para revisar el modelo. A partir de ahí, hizo hincapié en la responsabilidad de los presidentes autonómicos en el control del gasto y en que la población no puede ser el único criterio. Y dejó una idea para la discusión: «España no tiene recursos para el nivel de servicio públicos que estamos prestando».
Puig discrepó. «España creo que puede pagarse este sistema del bienestar», dijo. Pero para ello consideró necesaria una reforma fiscal.
La idea de la armonización fiscal fue otra la que centró el debate. La socialista Francina Armengol defendió que debería haber unos tipos impositivos mínimos comunes para todos. Es una forma de combatir la «deslealtad» de Madrid. Puig también hizo varias referencias al avance del centralismo durante los años de consolidación de la España autonómica. Frente a ellos, Moreno Bonilla insistió en la «autonomía fiscal» de cada territorio. Puig le contestó que «no puede ser que armonicemos impuestos en Europa y sí aceptemos el dumping en España». Señaló que no tiene interés en subir impuestos pero es necesario un nuevo modelo fiscal.
Donde no hubo divergencias fue en reconocer los avances logrados desde 1978 con el Estado de las autonomías.
