La firma del convenio colectivo laboral de las universidades públicas valencianas lleva más de dos años estancada, con la pelota en el tejado del Ministerio de Hacienda, que debe dar el visto bueno al Consell para que, así, las universidades tengan garantías y puedan hacer efectivas las mejoras retribuidas que se pactaron en el preacuerdo, justo al final de la primera legislatura del Botànic.
Por esto, y ante la «falta de respuesta de la Administración pública», miembros de la Plataforma del Professorat Associat de la Universitat de València presentaron hace unas semanas una queja que, ahora, ha admitido a trámite la Sindicatura de Greuges, según anunciaron ayer.
El profesorado asociado reconoce que el preacuerdo «si bien no es la panacea, puede suponer el inicio de un camino de reconocimiento y de dignificación de la tarea docente». Cabe recordar que es un convenio colectivo que afecta a todos los trabajadores de las cinco universidades públicas valencianas, que son las únicas de toda España en no contar con un acuerdo de este tipo, por lo que las instituciones también reclaman su firma.
Después de protestas y una negociación de dos años y medio, se consensuó un preacuerdo —que regulaba las condiciones laborales y salariales e igualaba las retribuciones entre universidades—, con el compromiso del Consell de ratificar lo tras los comicios. No obstante, en la actualidad —y como puntualmente recuerdan los afectados—, ya han pasado casi 800 días desde entonces y sin novedades.
La plataforma PDI Precariat, que agrupa al PDI asociado de la UV— considera esta inmovilidad una «burla, una tomadura de pelo y un acto de trilerismo político», ya que recuerdan que fue «anunciado a bombo y platillo a las puertas de unas elecciones políticas». «El tiempo ha ido pasando, pero la Administración valenciana no ha hecho aún efectivo ni ha aplicado el convenio (...) Nos encontramos en la más absoluta desprotección legal», explican los demandantes en el escrito al síndic.
Ahora, la Sindicatura de Greuges ha admitido a trámite la queja presentada —la que, asegura la institución, se suma a ocho anteriores sobre el mismo tema— ante la «falta de respuesta» y la «inactividad de la Administración universitaria».
Cabe recordar que el convenido se negoció con la Conselleria de Educación que, hasta las elecciones de 2019, tenía las competencias en materia de universidades y que, en el Botànic II ha asumido la nueva Conselleria de Innovación.
