La magistrada del caso Erial ha frenado en seco el segundo intento del exministro, Eduardo Zaplana, de derribar como un castillo de naipes la causa que acabó con su detención el 22 de mayo de 2018 y su ingreso en prisión hasta el 7 de febrero de 2019. El expresidente de la Generalitat solicitó el mes pasado la declaración como testigos del exyonki del dinero, Marcos Benavent, y de los técnicos que participaron en la adjudicación del contrato de los parques eólicos y de las Inspecciones técnicas de vehículos (ITV), por la que presuntamente cobró mordidas de la familia Cotino.
Zaplana solicitó la declaración del exyonki del dinero para atacar la pieza original que permitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción comenzar a tirar del hilo que les permitió desenredar la madeja del caso Erial. El exministro quería que su defensa interrogara a Marcos Benavent para que aclarara cómo llegó a manos del exyonki del dinero la «hoja de ruta» del supuesto amaño de la adjudicación del Plan Eólico encontrada en el despacho del abogado de Benavent. Este documento crucial se lo entregó a Benavent un ciudadano sirio que vivió en la casa que ocupó el expresidente de la Generalitat en la Plaza de la Legión Española. Tanto Benavent como el ciudadano sirio ya declararon ante la UCO y ante el Juzgado de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción. Aunque lo hicieron cuando la causa estaba secreta por lo que las defensas de los acusados no pudieron interrogarlos.
El nuevo intento para citar a Benavent y desacreditar el hallazgo de esta prueba es el que ha frenado en seco la magistrada de Instrucción 8, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. No es la primera vez que Zaplana lo intenta. En su anterior tentativa llegó a presentar recurso de apelación ante la Audiencia de València. La defensa de Zaplana alegó la «ilicitud de la incautación de los documentos» hallados en el despacho del abogado del «exyonki del dinero» «no amparada por un auto de autorización judicial» y seguida por una «completa investigación prospectiva sin cobertura jurídica».
Los magistrados de la sección quinta resolvieron la cuestión de forma contundente. «No comparte la sala tal valoración, pues durante la diligencia de entrada y registro resulta imposible un análisis exhaustivo de la documentación que se incauta y, sólo tras su ordenación, clasificación y análisis es posible determinar el posible alcance de los datos que reflejan tales documentos», le respondieron los jueces que examinaron su recurso.
La magistrada del Juzgado de Instrucción 8 tampoco ve necesario citar a declarar a los técnicos que intervinieron en la adjudicación del Plan Eólico y la ITV. Un proceso administrativo que ya consta en la causa. Y sobre los que la Agencia Antifraude elaboró una pericial en las que se confirmaron algunas irregularidades. Por ello, Zaplana también pidió que se inhabilitara, sin éxito, al director de Antifraude, Joan Llinares, como perito por sus mensajes en redes sociales sobre la corrupción.
