La Generalitat negocia un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica sobre el trasvase Tajo-Segura. Según han informado fuentes del Ejecutivo, la solución al desencuentro planteado tras el anuncio de la vicepresidenta Teresa Ribera de aumentar el caudal ecológico del Tajo pasaría por rebajar el nivel mínimo planteado por el ministerio para permitir la transferencia y, al tiempo, alargar el periodo de vigencia de las nuevas condiciones.

La titular de Transición Ecológica planteó pasar el caudal ecológico del río a su paso por Aranjuez de 6 metros cúbicos por segundo a 8,52. Eso significa que si el nivel del Tajo no alcanza esas condiciones no se autoriza el trasvase. Para los regantes de Alicante, un caudal ecológico de esas magnitudes supone, en la práctica, la eliminación de la transferencia.

La solución que se estaría barajando para el acuerdo sería dejar ese caudal mínimo en 7 metros cúbicos por segundo, según las fuentes citadas. Es decir, más de lo que está en la actualidad pero menos del objetivo inicial del ministerio. Los cálculos de la Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural indican que con un caudal en esos metros cúbicos, el trasvase estaría "garantizado", según las fuentes consultadas de este departamento, que está en contacto a su vez con los regantes del Vinalopó y la Vega Baja.

Por otra parte, la negociación se centra ahora en poder fijar un marco estable de estas condiciones durante un periodo largo. Podría ser hasta 2027, de acuerdo con las fuentes consultadas.

La negociación se desarrolla al más alto nivel, con contactos entre el jefe del Consell, Ximo Puig, y la vicepresidenta Ribera, además de conversaciones entre responsables de Agricultura del Gobierno de España y el Ejecutivo valenciano.

El diálogo se encuentra por necesidad en su tramo final, ya que el ministerio pretende presentar el lunes las condiciones definitivas para el trasvase. En ese momento se verá la posición definitiva y si hay ganadores y perdedores.

Las presiones son fuertes y múltiples, tanto desde los regantes como por parte del Gobierno valenciano y también del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha, partidario de cerrar el grifo del trasvase, una realidad desde hace 42 años que reaparece periódicamente como foco de polémica.