La Generalitat negocia un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica sobre el trasvase Tajo-Segura. Según informaron ayer fuentes del Ejecutivo, la solución al desencuentro surgido tras el anuncio de la vicepresidenta Teresa Ribera de aumentar el caudal ecológico del Tajo pasaría por rebajar el nivel mínimo planteado por el ministerio para permitir la transferencia y, al tiempo, alargar el periodo de vigencia de las nuevas condiciones.
La titular de Transición Ecológica habló de elevar el caudal ecológico del río a su paso por Aranjuez de 6 metros cúbicos por segundo a 8,52. Eso significa que si el nivel del Tajo no alcanza esas cifras no se autoriza el trasvase. Para los regantes de Alicante, un caudal ecológico de esas magnitudes es, en la práctica, la muerte de la transferencia hídrica.
La solución que está sobre la mesa para el acuerdo sería dejar ese caudal mínimo en 7 metros cúbicos por segundo, según las fuentes citadas. Es decir, más de lo que está en la actualidad pero menos del objetivo inicial del ministerio.
Los cálculos de la Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural indican que con un caudal con esos metros cúbicos, el trasvase estaría «garantizado», según las fuentes consultadas de este departamento, que está en contacto a su vez con los regantes del Vinalopó y la Vega Baja.
Por otra parte, la negociación se centra ahora en poder fijar un marco estable de estas condiciones durante un periodo plurianual. Podría ser hasta el año 2027, de acuerdo con las fuentes consultadas.
La negociación se desarrolla al más alto nivel, con contactos entre el jefe del Consell, Ximo Puig, y la vicepresidenta Ribera, además de conversaciones entre la consellera y responsables de Agricultura del Gobierno de España y el Ejecutivo valenciano.
El diálogo se encuentra por necesidad en su tramo final, ya que el ministerio tiene previsto presentar mañana lunes las condiciones definitivas para el trasvase. En ese momento se verá la posición final y si hay ganadores y perdedores.
Las presiones son fuertes y múltiples, tanto desde los regantes como por parte del Gobierno valenciano y también del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha, partidario de cerrar el grifo del trasvase, una realidad desde hace 42 años y que reaparece periódicamente como foco de polémica en lo que se ha bautizado como «guerra del agua». Un acuerdo que garantice el trasvase y aceptado por los regantes neutralizaría el frente con el PP del alicantino Carlos Mazón.
El Consell se ha esforzado en los últimos tiempos en posicionarse con claridad en defensa del trasvase. La consellera Mireia Mollà participó en la manifestación en Madrid y anunció recurso judicial si el trasvase era inviable.
