El Colegio Oficial de Trabajo Social de València cambió de junta directiva el pasado mes de abril. Ferran Senent es el nuevo presidente y, entre los principales retos que asume, destaca uno por encima del resto: «Intentar que las trabajadoras sociales se sientan orgullosas de su trabajo» ante una «presión asistencial que es cada vez mayor».
Uno de los principales caballos de batalla del colectivo, ya antes de la pandemia, era el intenso trabajo administrativo que les impide realizar intervenciones y acompañamientos, a pesar del incremento de las plantillas.
La crisis sanitaria ha intensificado el trabajo. «La demanda ha aumentado un 70 % tanto en la Administración pública como en el tercer sector», advierte Senent, para quien «hay tareas administrativas que son repetitivas, que no requieren de una intervención social y que, de manera automatizada o con una autorización, se podían resolver de otra manera y aliviarían bastante la carga laboral». «Nosotros debemos hacer acompañamientos que implican una mejora directa en la familia o la persona. Los recursos también son muy importantes, pero hay veces que incluso sin recursos económicos se ayuda a la persona que lo necesita. Para eso está el trabajo social. Hay gestiones administrativas que se pueden mecanizar y no requieren valoración social. Es aquí donde reclamamos un cambio», ahonda el dirigente.
Esta crítica al exceso de trabajo administrativo que asume el colectivo salió de nuevo a la palestra cuando el Gobierno ordenó a los trabajadores sociales emitir informes de vulnerabilidad a quienes se hubiesen «quedado fuera» del Ingreso Mínimo Vital (IMV), a pesar de que la prestación se regula y gestiona desde la Seguridad Social. El colegio oficial de València emitió un comunicado asegurando que los trabajadores sociales se negaban a realizar este trámite aunque, finalmente, así lo dicta la norma y así lo están haciendo en la actualidad.
«Desde el Gobierno nos han preguntado poco. Al final, tenemos que hacer un trabajo que es una obligación y nos constriñe mucho. Nos hemos entrevistado con la Dirección General de Acción Comunitaria y nos han mostrado su interés en evitar conflictos gestionándolo desde Madrid», indica Senent.
Prejuicios de base
«Nos están pidiendo una labor de inspección que no es la nuestra. Nosotros no tenemos por qué certificar que la persona es pobre. Cuando haces la declaración de la renta nadie te pide un control y puedes estar mintiendo. Para eso hay inspecciones y si te pillan, te sancionan», prosigue el presidente de los trabajadores sociales. «¿Por qué con la gente que tiene necesidad tenemos que tener un control previo sí o sí? ¿Por qué desconfiamos de las personas empobrecidas? Nosotros creemos que las trabajadoras sociales no deben ser controladoras y ahora están estudiando esta propuesta, pero mientras tanto seguimos haciendo este trabajo porque lo exige la norma», matiza a continuación.
La saturación de los servicios sociales es otro problema desde hace años que también se ha multiplicado por la covid. «No siempre hemos podido ir al ritmo que marcan las obligaciones, pero encima la pandemia ha acarreado otros problemas cómo la pérdida de la vivienda o de ingresos mínimos. «Siempre hemos ido un paso por detrás, pero avanzando respecto a las obligaciones que teníamos. Y aunque ha habido un aumento en recursos y una ley, que es todo un avance, hay que hacer un mayor esfuerzo», incide el profesional. «Ahora hay 3.000 personas por trabajadora social y nosotros recomendamos 1.700. En algunos lugares doblamos la ratio», zanja.
