El Consell lanzó un claro mensaje ayer al Gobierno de España: la Comunitat Valenciana no va a renunciar al trasvase más allá de 2027. Aunque el Ejecutivo de Ximo Puig respira tranquilo porque la transferencia hídrica está asegurada «al menos seis años», tiene una buena coartada para exigir la continuidad a partir de esa fecha.
Considera que los 800 millones que el Ministerio de Transición Ecológica va a invertir en Madrid para mejorar la depuración de las aguas que vierten al Tajo, permitirá que el río más importante de España reciba más agua y de mayor calidad, por lo tanto consideran que no será necesario cerrar el grifo de las transferencias hídricas.
Esa será una de las principales líneas argumentales de las alegaciones que presentará la Conselleria de Agricultura a los Planes Hidrológicos 2022-2027 del ministerio. El departamento de Mireia Mollà asegura que tienen seis meses para enmendar parcialmente el plan de la ministra Teresa Ribera.
«Es irrenunciable»
Las declaraciones de los principales responsables políticos valencianos dieron a entender que su pulso con la Administración central no ha hecho más que comenzar. El president de la Generalitat, Ximo Puig, introdujo ayer un nuevo lema en la cuestión del trasvase. Si el PP hizo bandera años atrás del «agua para todos», Puig exigió «agua para siempre» y dijo que el trasvase «es irrenunciable» para las comarcas del sur.
«Vamos a continuar buscando rebajar este caudal», garantizó tras el acuerdo sobre las nuevas condiciones de explotación del Tajo-Segura. En la actualidad el caudal mínimo, se sitúa en 6 metros cúbicos por segundo y, aunque el ministerio pretendía establecer un caudal ecológico de hasta 8,52 m3 por segundo (lo que hubiera supuesto el fin del trasvase), finalmente se ha quedado en 7 metros cúbicos, con la previsión de aumentarlo hasta ocho en 2026, y en 8,6 en 2027. «No se pueden poner fechas que limiten el progreso de la Vega Baja. El progreso no se puede poner en cuestión por la falta de agua», remarcó el máximo responsable de la Generalitat Valenciana.
En este sentido, Puig propuso que se constituya una mesa de diálogo permanente entre los regantes, la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica para «aproximar posiciones» sobre el trasvase y que se pueda «garantizar agua para siempre» y progreso para las comarcas alicantinas. El president resaltó las inversiones que van a potenciar la desalinización y la reutilización del agua y para modernizar infraestructuras como la desaladora de Torrevieja, pero advirtió que si no están acabadas las infraestructuras «no se podrá llevar a cabo una reserva mayor del acueducto».
En cuanto al recurso judicial que anunció el Gobierno valenciano, Puig aseguró que estaba relacionado con el número de hectómetros trasvasados y que «continúa vigente». «Cada vez que se trasvase menos agua de la que consideramos, vamos a recurrir a la justicia», prometió.
Seis meses para negociar
Por su parte, la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, adelantó que su departamento utilizará los seis meses de alegaciones al plan para negociar que el caudal ecológico que tiene que pasar por Aranjuez no se aumente a partir de 2026. Mollà destacó que el plan del ministerio incluye un elemento que hasta ahora «no se había asumido», el hecho de que «la situación ecológica del Tajo no es óptima por la falta de depuración de las aguas de Madrid».
«Puede ser que el Gobierno de Madrid antes tenía mucho poder sobre los gobiernos del Estado y no querían señalar un problema grande», dijo, y apuntó a que ahora se van a destinar 800 millones de inversión para solucionar la «depuración de aguas deficiente» que «acaba aportando al Tajo aguas sucias», lo que ha considerado una «buena noticia».
De hecho, la consellera consideró que mediante estas infraestructuras, «se va a demostrar que la depuración favorecerá las condiciones del río», por lo que «ya no se necesitaría aumentar el caudal en 2026 o 2027».
La mejora de las desaladoras dispondrá de otros 500 millones
La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, explicó ayer que el plan estatal de inversiones en el Tajo se va a solapar con los fondos de reconstrucción europeos, que pueden permitir otro tipo de obras en infraestructura hídrica como pueden ser las desaladoras. De hecho, en su plan, el ministerio «se ha comprometido, mientras tanto y al mismo tiempo», a acometer un «ambicioso» programa de obras, dotado con más de 500 millones de euros, y destinado sobre todo a aumentar la capacidad de la desaladora de Torrevieja, a realizar la interconexión con la zonas de regadío y a introducir energía renovable con la finalidad de que «no se pongan en riesgo las actividades socioeconómicas asociadas a los usos del agua ante los nuevos escenarios de cambio climático». «Los recursos agua son impotantes, la reutilización, las desaladoras y el trasvase. Todos juntos tienen que garantizar el trasvase», dijo la consellera de Aricultura.
