El impacto de la covid-19 en la Comunitat Valenciana ha sido de índole sanitario, económico y social, pero también presupuestario. La factura derivada de la pandemia a la que debe hacer frente la Generalitat en estos fatídicos dos años suma más de 2.700 millones de euros. En concreto, la Conselleria de Hacienda calcula que en 2020 habrá destinado 1.418 millones a paliar los efectos del coronavirus mientras que gastará algo menos, unos 1.290 millones, para el presente ejercicio. En total, 2.708 millones de factura covid que se suman a los gastos ordinarios.
En términos relativos, supone que cerca del 7 % de la previsión de gasto no financiero para este año (que el Consell calcula en 18.669 millones) se dedicará de forma específica a combatir la pandemia. La partida de gasto corriente seguida de la personal y transferencias corrientes (subvenciones) son las que más se disparan ya que tienen que ver con la movilización de recursos para afrontar la pandemia.
La estimación de gasto aparece reflejada en el plan de ajuste que el departamento que dirige Vicent Soler presentó a mediados de marzo ante el Ministerio de Hacienda para poder acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2021, un documento en que el Consell se compromete a replanificar su política de ingresos y gastos con el objetivo de ajustarse a los objetivos de déficit.
En concreto, el Consell se propone adoptar medidas suficientes para evitar superar la tasa de referencia de déficit considerada para 2021 del 1,1% del PIB regional. Un compromiso que, no obstante, se enmarca en el actual marco de suspensión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021 que acordó el Ministerio de Hacienda para aliviar a las comunidades autónomas.
Cabe recordar que antes de que se desatara la pandemia, el Gobierno y las autonomías caminaban hacia el equilibrio presupuestario, un objetivo que, no obstante, el Consell tiene muy difícil cumplir dada la insuficiencia de recursos fruto de la infrafinanciación. El Botànic requiere del FLA para poder afrontar un gasto público acorde con la prestación de servicios, lo que, paradójicamente, le obliga a comprometerse, al menos sobre el papel, con ajustes de gasto.
En el documento, el Botànic plantea una serie de medidas de ahorro en prestación de servicios y gastos farmacéuticos derivados de la compra centralizada, pero cuyo impacto queda neutralizado por una revisión al alza respecto al gasto previsto en ambos años. Así, la previsión un incremento de 110 millones en 2020 y de 389 millones de euros en 2021. Además, no se incluye la previsión de ninguna acuerdo de no disponibilidad de gasto, una medida que otros años ha supuesto un tijeretazo de facto en las cuentas.
Un déficit del 1,1 %
El Consell plantea al ministerio un escenario presupuestario en el que se cumplirá con el objetivo de déficit ya que prevé un cierre este año con un desfase entre ingresos y gastos de 1.277 millones, es decir, el 1,1 % del PIB regional. Para ello los gastos no financieros (sin tener en cuenta el coste de la deuda) alcanzarán los 18.669 millones frente a los 17.925 millones de 2020.
Fuentes de la Conselleria de Hacienda restan importancia al plan de ajuste al subrayar que la realidad es el gasto real va creciendo año tras año por el compromiso del Consell de converger en gasto con la media d e las comunidades autónomas, por lo que no se produce ningún tipo de recorte y ajuste. Así, indican que en 2020, el gasto real se incremento casi 1.500 millones respecto a 2019, es decir, un 8,8 %.
Por otro lado, según la comunicación al ministerio, el Consell cerrará este ejercicio con 967 millones en obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, el cajón legal en el que quedan las facturas. Una cantidad considerable que, no obstante, será inferior, si se cumplen las previsiones, a la del inicio de ejercicio y que asciende a 1.118 millones de euros.
El plan de ajuste incluye de nuevo el programa de reestructuración del sector público, una previsión que en la práctica lleva años sin cumplirse. Según el Consell, en 2022 cuando acabe este año, habrá nueve entes públicos menos, de forma que pasaran de los actuales 129 a 120. Entre las entidades para extinguir, aparece una vez más Ciegsa. Para este año, contempla la creación del Instituto de Estadística. Respecto a la deuda a 31 de diciembre de 2021, el Consell prevé 50.792 millones de euros.
El documento contempla una serie de propuestas de reformas estructurales, entre ellas las limitación de salarios de alta dirección en el sector púbico, compra centralizada, reducción de cargas administrativas, etc. Cuestiones que aparecen de forma sistemática en los planes.
