«En la propia normativa se establecía un plazo de tres meses (30 de julio de 2020) para la resolución que no se ha cumplido. No obstante, al finalizar el ejercicio 2020 se habían resuelto y pagado el 98,7 % de los 30 millones de euros destinados a este fin». El incumplimiento de los plazos para tramitar las ayudas individuales de 150 euros, que se concedieron por parte de la Generalitat Valenciana en 2020 a casi 200.000 personas con rentas bajas afectadas por un ERTE como consecuencia de la pandemia de la covid-19, es una de las principales conclusiones de la auditoría especial realizada por la Sindicatura de Comptes para fiscalizar esas subvenciones.

El informe especial realizado por la institución, que dirige el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, reconoce que debido a la crisis sanitaria y sus repercusiones económicas, al cerrar numerosas empresas por el estado de alarma, la Generalitat Valenciana «nunca antes había procesado unas ayudas tan masivas en un tiempo tan corto», pues el montante global ascendía a 30 millones de euros con 199.503 beneficiarios.

Aunque la respuesta de apoyo al colectivo afectado «fue rápida al tratarse de ayudas urgentes» (el decreto que las regulaba se publicó el 30 de abril de 2020), su tramitación «no lo ha sido», pues se rebasó con creces el plazo de tres meses -finalizaba el 30 de julio- para pagarlas por parte de la Conselleria de Economía, ya que en enero de 2021 aún se estaban abonando los últimos 321.450 euros entre 2.143 beneficiarios. La conselleria dio prioridad a las personas «cuyas bases de cotización fueran inferiores». El mes que más ayudas se pagaron fue agosto, un mes después de vencido el plazo, con 22,8 millones a más de 152.000 trabajadores y desempleados.

Tras subrayar el «riesgo» que ha supuesto la tramitación de un volumen de ayudas de 30 millones «sin fiscalización previa», la auditoría pone de relieve que la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto ley 3/2020 «solo ha resultado factible confiando exclusivamente en la fiabilidad de la información facilitada» por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por lo que el síndic apunta que «podrían haberse establecido controles adicionales» para garantizar que se cumplía la legislación, pues se han observado algunos incumplimientos.

Así, se constató que 1.832 beneficiarios se encontraban en un ERTE solicitado o presentado ante la conselleria fuera del período establecido en el decreto, y por tanto «no habrían tenido derecho a recibir la ayuda». El global repartido entre estos fue de 274.800 euros.

Además, tras seleccionar una muestra de casi 63.600 beneficiarios para verificar los pagos, se concluye que 700 de ellos no recibieron el total de los 150 euros (578 no recibieron nada y 122 un importe inferior) porque «tenían en vigor embargos de administraciones públicas u órganos judiciales que han sido ejecutados por la Generalitat». Una cuestión que recrimina el Síndic, pues la «aplicación de embargos a este tipo de ayudas urgentes destinadas a paliar una situación de emergencia no es compatible con el objetivo de las ayudas».