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La presidenta de À Punt plantea recortar las atribuciones al director

Los cambios en la ley propuestos por Mar Iglesias en pleno pulso con el Consell reforzarían su posición y dejarían a Alfred Costa sin potestad para contratar

À Punt

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La subcomisión parlamentaria llamada a abordar la reforma de la ley que dio vida a À Punt tiene en sus manos desde hace semanas un documento en el que la presidenta en funciones del ente, Mar Iglesias, propone una batería de cambios sustanciales en la arquitectura de la radiotelevisión valenciana que modificarían casi una veintena de apartados de la regulación aprobada en 2016.

Entre las transformaciones planteadas, la más importante es la fusión del conglomerado público en una sola entidad: Iglesias aboga por la disolución de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) -donde se inscribe la mayoría de la plantilla- y por el traspaso de todos sus activos y trabajadores a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

Las implicaciones de este movimiento han llamado la atención en el seno de la cadena, puesto que, si se compara con la ley ahora en vigor, el texto registrado por la presidenta en funciones recorta notablemente las competencias de la dirección general de À Punt ahora ocupada por Alfred Costa -que lleva las riendas de la SAMC- a tiempo que refuerza las facultades del consejo rector, al mando de la CVMC y al frente del cual se sitúa temporalmente Iglesias.

La normativa actual de À Punt permite que los contratos, convenios, acuerdos o negocios jurídicos por debajo del millón de euros sean aprobados «por la Presidencia o la dirección general». En cambio, el esquema defendido por la presidenta en funciones elimina la referencia a la dirección general en este apartado. La ley de 2016 reconoce al director la capacidad de contratar gastos ordinarios, mientras que el borrador enviado por Iglesias a las Corts suprime esa alusión y solo reserva a la dirección la potestad de «ejecutar las decisiones de contratación acordadas por el consejo rector».

Respecto al nombramiento y cese de directivos -limitados a seis-, el director estaría obligado a consensuar los nombres con la presidencia, que también ganaría potestad en la designación del secretario del consejo rector. En cambio, en el documento desaparecen funciones ahora asignadas por ley a Costa en materia de personal y en el «impulso, orientación, coordinación e inspección de los servicios» de À Punt.

Obligación de cobrar un sueldo

Este diario ha tratado de recabar las razones de la presidencia para plantear los citados cambios, pero Mar Iglesias prefiere esperar a comparecer en la subcomisión de la radiotelevisión pública, aún pendiente de convocarse, para desgranarlos.

El documento plasma su reivindicación de percibir una dedicación exclusiva por un montante al menos equivalente al de un secretario autonómico, puesto que elimina la posibilidad de que la presidencia solo pueda cobrar dietas por asistencia a reuniones compatibilizando su labor, como ocurre desde que Enrique Soriano dejó el puesto en enero e Iglesias, vicepresidenta entonces, asumió su responsabilidad, a la espera aún de un acuerdo oficial de relevo.

Las enmiendas a la ley defendidas por esta se interpretan en algunos ámbitos como un órdago en su pulso con el Consell, después de haber mantenido también alguna fricción con el director de la cadena. El texto ha avivado el malestar con la presidencia en el ámbito sindical, donde se cuestiona la vía de la disolución de la SAMC.

Fuentes de la representación de los trabajadores consideran el documento inasumible, entre otras cosas porque sugiere la posibilidad de externalizar contenidos informativos cuando se trata de captar imágenes o audio. La propuesta también incorpora un mecanismo alternativo al actual techo de gasto en materia de personal, que se propone sustituir por el compromiso de que el capítulo 1 de À Punt no pueda aumentar anualmente en una proporción superior al del presupuesto de la Generalitat.

En la iniciativa desaparece la obligatoriedad de que la CVMC cuente con un puesto de interventor para el control de su gestión, tarea que se apuesta por dejar en manos de la Intervención de la Generalitat.

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