La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, insistió ayer en la importancia de crear una jurisdicción especializada para la atención de menores víctimas de delito. En declaraciones a los medios antes de su reunión con miembros del Gobierno canario, Bravo recordó que sí existe una jurisdicción especial cuando el menor es el infractor. «Además, ha sido un modelo exitoso y que se ha consolidado muy bien», afirmó.

Por eso consideró que se debe avanzar hacia una jurisdicción especializada cuando el menor sea la víctima, para que equipos especializados los atiendan desde un primer momento y eviten que el procedimiento judicial suponga una «revictimización».

La consellera se mostró muy interesada en conocer y estudiar el proyecto piloto del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, que comenzará su funcionamiento efectivo el próximo 1 de octubre. «El proyecto me parece fundamental y nos interesa mucho estudiarlo para también ponerlo en marcha desde la Comunitat Valenciana», aseveró.

La viceconsejera de Justicia canaria, Carla Vallejo, explicó que en la actualidad diseñan además un programa de atención integral a la infancia, «un programa complejo que queremos compartir con la consellera (Bravo)». Aseguró asimismo que pretenden aprender de las experiencias que lleven a cabo en la Generalitat Valenciana a este respecto.

Islas Canarias contará en ese proyecto con personal especializado en los institutos de medicina legal, psicológico y forense. Habrá sistemas de guardia permanente que atenderá los casos de menores víctimas de maltrato que requieran ese tipo de asistencia.

Una mirada especial

Bravo, por su parte, hizo hincapié en que la protección del menor y el apoyo como víctima requieren de «una mirada especial», y, sobre todo, de una actuación profesional que evite que el procedimiento judicial se convierta en un problema psicológico para el menor, «y que en vez de avanzar, retroceda».

La consellera, asimismo, reconoció que la entrada en vigor de la nueva ley de protección integral a la infancia y la adolescencia es «un paso adelante» porque va «más allá» de lo que contempla el Estatuto de la Víctima, una norma que para la consellera valenciana «también fue una ley muy importante» en su momento.