La radiotelevisión valenciana se ha encomendado al banco público de la Generalitat en busca de un bote salvavidas para evitar el naufragio de sus cuentas después de que la Agencia Tributaria haya reclamado a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) el pago de 24,8 millones de euros por las liquidaciones del IVA correspondientes al periodo comprendido entre 2016 y 2019.
Fuentes de À Punt consultadas por este diario confirman que la cadena ha solicitado un aval al Institut Valencià de Finances (IVF) dentro de los intentos por lograr la financiación necesaria y soportar la deuda contraída, habida cuenta de que la cuantía exigida por Hacienda prácticamente equivale a la mitad del presupuesto manejado por la compañía televisiva para todo el año 2021.
Desde la cadena indicaban a comienzos de semana que no había novedades respecto al procedimiento. A principios de junio, el consejo rector de la CVMC tomó la decisión de recurrir las resoluciones de la Agencia Tributaria por entender injustificado el cambio de criterio adoptado respecto al cálculo del IVA -de cuyo pago la cadena se había librado hasta ahora-, pero el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) aún ha de pronunciarse en primera instancia, en el marco de un litigio que puede durar años.
En paralelo, el conglomerado público ha buscado el respaldo financiero del organismo dependiente de la Conselleria de Hacienda para encarar el desembolso económico de forma escalonada y sin que suponga ningún descuadre ni perjuicio contable, a la espera de una respuesta sobre la petición cursada, cuyos detalles no se han hecho públicos.
En una reunión mantenida la pasada semana con los principales responsables de À Punt y la dirección de recursos humanos, los comités de empresa de la radiotelevisión valenciana trasladaron su preocupación por el impacto que puede tener la reclamación del IVA y exigieron más transparencia sobre las acciones emprendidas por la cadena, dada la falta de información recibida. En la entidad confían en ganar el pulso en la batalla por la deducción del 100 % del impuesto, como ya hizo TV3.
RTVE se endeuda en 126 millones por la misma reclamación
La razón del conflicto de À Punt con Hacienda tiene su origen en un cambio en la manera de computar la cuota del IVA que han de abonar las televisiones públicas, en virtud del cual éstas no pueden deducirse el 100% del impuesto, como ha venido haciendo À Punt desde su creación, con la aquiescencia de la Agencia Tributaria. Como la cadena valenciana, RTVE se mantiene a la espera de que los tribunales resuelvan sobre sus recursos, pero -pese a ello- el ente estatal ya ha abonado 126,2 milllones de euros reclamados por Hacienda acogiéndose a un préstamo con Caixabank aprobado previamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
