La advertencia que la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, hizo el jueves al ministro de Política Territorial, Miguel Iceta, sobre las consecuencias de prohibir la temporalidad en las Administraciones sin dar alternativas de empleo estable tiene fundamento.
De hecho, la reforma que planea el Gobierno central y que pasa por impedir que una persona interina esté más de tres años en una plaza y penalizar a la Administración de turno con una amortización de esa plaza puede agrandar el problema que ya tiene la Generalitat es cuestión de recursos humanos. Es más, desde hace años, pero especialmente durante la etapa de Gobierno del Botànic, el Consell ha echado mano de la contratación de personal interino para paliar la merma de una plantilla que, año tras año, pierde empleadas y empleados públicos por jubilación.
Optar por funcionariado de carrera sería ideal, pero poco eficaz. Aunque el Consell ha activado las ofertas de empleo público, la entrada de savia nueva es muy reducida ya que el Gobierno mantiene la tasa de reposición, un instrumento de control del gasto que impide que las administraciones puedan ofertar todas las plazas que necesitan.
La tormenta perfecta
El envejecimiento de la plantilla, las citadas limitaciones para dar trabajo fijo y la lentitud en la ejecución de las ofertas de empleo público conforman la tormenta perfecta para una plantilla venida a menos.
La política del Consell estos años ha sido obviar las limitaciones de contratación y optar por el nombramiento de personal interino para aliviar la gestión. Incluso, de cara a la reconstrucción social y económica tras la crisis del coronavirus, el Botànic confía en este personal temporal para reforzar las distintas conselleries y poder sacar adelante los proyectos financiados con ayuda europea. El decreto de agilización de los fondos europeos tiene un apartado dedicado expresamente a la contratación de temporales para sacar adelante el trabajo.
Además, en el ámbito sanitario y docente, la contratación de personal interino ha sido constante y se ha acentuado en tiempos de pandemia. Si la reforma que planea Iceta sigue adelante, las cosas se le complican al Botànic. No toda contratación temporal será prohibida, pero sí se quiere evitar que se produzca lo que Europa considera un abuso. Es decir, que la interinidad dure más de tres años.
La limitación complica las cosas para el futuro, pero ya es un problema en el presente ya que la interinidad es en algunos sectores superior al 40 %. Como media y, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la temporalidad en la Comunitat Valenciana es superior a la media.
En su conjunto, y teniendo en cuenta todo tipo de Administración (autonómica o local) se sitúa en el 30 %, en el grupo de las comunidades con más personal temporal: más de 98.000 efectivos, de las que 64.800 son mujeres, es decir, el 66 %.
Iceta ha ido dando pistas sobre por dónde irá la reforma de la función pública que planea y aunque no hay una propuesta cerrada, ha dejado claro que la tasa de temporalidad debe bajar y que tras un nuevo proceso de estabilización, los interinos con antigüedad tienen los días contados. El Gobierno ha hablado de indemnizaciones, pero al margen del impacto económico que esto podría suponer, la Generalitat se encontraría con un problema grave, un auténtico colapso por falta de manos.
Las pegas de la Unión Europea
Cabe apuntar que la Conselleria de Justicia está ejecutando ofertas de empleo público de consolidación, es decir, oposiciones con algo de ventaja para el personal interino al valorase algo más la experiencia. Sin embargo, el proceso ha arrancado con un alto porcentaje de suspensos, por lo que muchos no lograrán el objetivo de convertirse en fijos. Esta vía, con todo, no es la adecuada para dar solución al abuso de la temporalidad, según sentencia de la UE que ha puesto sobre las cuerdas al Gobierno central y, ahora a la Comunitat Valenciana.
No es de extrañar que este asunto preocupe en el ámbito del Ejecutivo. Algunas comunidades como Canarias y Cataluña están optando por fórmulas para convertir al interino en fijo de forma casi directa, pero esta opción, con muchas complicaciones jurídicas, no agrada a la Conselleria de Justicia, que mantiene que la fijeza solo se logra con un concurso-oposición.
