De 37.500 a 15.000 pisos en 20 años. Un parque público de vivienda desvalijado por la política del ladrillazo inmobiliario durante más de dos décadas. Desde la entrada del Partido Popular en el Consell hasta el año 2019, la Generalitat no ha hecho otra cosa que perder vivienda pública. Incluso en el primer Govern del Botànic se esfumaron pisos.
Es lo que escupen los datos oficiales de Vivienda a los que ha podido acceder este periódico. 25 años en caída libre por la venta de inmuebles públicos a tutiplén. Hasta la entrada de Podem no se ha podido frenar. Pero eso no significa que haya crecido. No lo ha hecho. Solo se ha parado el sangrado y el parque está ahora mismo estancado en 14.000 inmuebles.
«Las salidas para la vivienda pública han sido sobre todo dos», cuenta Alberto Aznar, director de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol (EVHA), organismo que gestiona el parque público. «La primera, la compraventa de pisos públicos, que fue la mayoritaria y la alimentada durante la época del ladrillazo del PP. Vender y vender viviendas; alquiler con opción a compra o venta directa. La idea de ‘todo el mundo puede ser un propietario’ en contra de tener un parque público decente. Decidieron vender todas las que pudieron», explica. La segunda salida, aunque mucho más minoritaria, fue la demolición de edificios en mal estado.
Ese era el plan. Y se siguió a rajatabla durante 20 años, aunque como explica Luis Fernández, abogado especialista en vivienda de la cooperativa El Rogle, era una estrategia más autóctona en España que propia de un partido. «Desde hace décadas todos los gobiernos han estado fomentando la compra, aunque cuesta imaginar que aquí hayan vendido tantísimo. Las políticas de vivienda se han basado durante muchísimo tiempo en crear propietarios, y todos los planes (desarrollados desde Madrid) iban en ese sentido, subvencionar VPO», explica Fernández, y añade que «habría que investigar cómo se han vendido y en qué condiciones fueron las operaciones».
El parque público nace (la gestión de las viviendas pasa del Gobierno a las autonomías) en 1988, bajo el nombre de Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA). Y se estrena nutrido por la gran construcción de vivienda pública que se dio en los años 60, al calor de la migración de los españoles del campo a la ciudad (los edificios con la placa de Falange). De ese año al 1994 se pasa de 30.935 a 37.558 viviendas. Desde Conselleria aseguran que «no se disponen de datos de este periodo porque la información no estaba digitalizada», además, en los años posteriores explican que «hay saltos debidos a la demora en la grabación en una base de datos que no existía y se tuvo que crear y rellenar», esto, según el EVHA, explicaría que entre 1996 y 1997 se perdieran más de 8.000 viviendas.
Pero el principal instrumento de salida fue la apuesta por las VPO, un modelo, que según Luis Fernández, no ha acabado de funcionar al largo plazo.«Se han dado muchos casos como el de un edificio entero de Sagunto en el que los inquilinos efectivamente se quedan con las viviendas, pero no pudieron afrontar los pagos y los pisos acabaron en manos de bancos, que a su vez los vendieron a fondos de inversión extranjeros. Este puede haber sido el motivo de la desaparición de gran parte de la vivienda pública destinada a VPO», asegura.
Herencia envenenada
En 2015 la coalición botánica de izquierdas echa raíces en la conselleria de vivienda, momento en el que se encuentra un enorme desafío de gestión. Para empezar, los datos estaban mal. Una gran cantidad de viviendas figuraban en las bases de datos digitales, pero en realidad eran pisos escriturados y comprados, según constaba en el archivo en papel del edificio. «En esa época empiezan a salir ficheros por todos lados», cuenta Aznar.
De un plumazo se desvanecieron del parque público 1.700 viviendas. Y aún así, el legado popular llega hasta hoy, según explicó Aznar a este periódico, durante su dirección se perdían aproximadamente unas 150 viviendas al año por alquileres con opción a compra que acababan ejecutándose. A ello hay que sumar que muchas viviendas resultaron estar ocupadas ilegalmente. Ahora mismo son más de 1.300, es decir, casi una décima parte del total del parque público.
Así las cosas, en 2015 la primera decisión que se tomó fue sacar todas las viviendas del mercado para destinarlas a alquiler asequible. «Uno de los primeros inmuebles que se sacó del mercado para fomentar el alquiler fue el edificio de Sociópolis, que cuando llegamos estaba entero en venta», cuenta Alberto Aznar.
Según explica Luis Fernández, «es cierto que en estos años se apuesta por el alquiler asequible y fortalecer el parque público, pero hay que recordar que venimos de una época de crisis y la inversión que se ha hecho, en comparación con los años anteriores, es muy baja y se ha notado muy poco en la práctica», explica.
Ahora mismo los datos del parque público de vivienda son los siguientes: apenas supone el 1,2 % del mercado, cuando la media nacional es del 2,3 %. La media de vivienda pública en la UE es del 9,3 por ciento, y algunos países como Austria poseen un 24%, Reino Unido y Francia 15 %, o Países Bajos un 30 %, según el último boletín de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes.
En lo que atañe a los solicitantes de vivienda pública en la Comunitat, han seguido el proceso contrario a las viviendas;no han parado de crecer. En la actualidad son 19.650, así que el parque público debería crecer un 140 % solo para satisfacer la demanda. Todo en un territorio donde, según calcula Conselleria (no hay cifras oficiales), existen 19.000 viviendas vaciadas en manos de la banca y la Sareb (10.000 y 9.000 respectivamente). Vivienda tiene el reto de resucitar un parque público desmantelado y que todavía pierde año a año, entre una maraña de datos que, pese a los esfuerzos, todavía está enredada.
"Durante años, nadie llevó la cuenta de los inmuebles que se gestionaban"
«Allí no se pagaban las nóminas, tampoco había gente llevando el control de las viviendas del parque público. Nos dimos cuenta de cientos de abandonos de pisos públicos , ahora habitados por ocupas, o incluso de muchas escrituras de viviendas que se han ido haciendo y creíamos que pertenecían al parque público, pero luego hemos comprobado que no». Así describe Alberto Aznar (director del EVHA durante la elaboración de este reportaje, ahora César Jiménez) la precariedad heredada y la poca fiabilidad de las cifras del parque público de vivienda, que aún hoy arrastra sus años de mala gestión.
De hecho, el acceso a estos datos ha costado a Levante-EMV casi dos meses, ya que, según apunta Aznar «nadie había hecho esto antes, nadie había recontado las viviendas del parque público», una gestión que se ha tenido que hacer ahora, en 2021, resucitando viejos ordenadores y rescatando archivos en papel de hace décadas que nadie revisó en su momento, según el EVHA.
Tanto es así que los datos entre el año 1988 (cuando la gestión de la vivienda pública pasa a las autonomías)y el 1994 no existen. O al menos, a estas alturas ya no se pueden recuperar. Traspapelados hace veinte años y no incluidos en las bases de datos electrónicas, algo que, según Vivienda, hace que sean imposibles de recuperar.
El propio Aznar pone de manifiesto «la precariedad que existe» en el organismo público, golpeado por un ERE en 2011 que dejó en el paro a dos de cada tres trabajadores. Además, tal y como ha publicado este periódico, actualmente cuenta solo con tres trabajadoras sociales para gestionar las 14.000 viviendas (1.300 de ellas ocupadas, para las que el EVHA tiene la intención de regularizar a los ‘inquilinos’ si cumplen los requisitos de solicitante). No es casualidad, reconoce Aznar, que en el año 2018 obtuvieran la peor calificación posible en una auditoría a la entidad. Algo que según su director, consiguieron revertir en 2019 «con muchísimo esfuerzo».
Muchos pisos que heredó el Botànic en los registros en realidad estaban ocupados o incluso ya escriturados
