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Los ciclistas exigen que no se les equipare en la norma a los patinetes

Rechazan la petición del Fiscal de Seguridad Vial de realizar controles de alcoholemia y obligar a obtener un seguro a los usuarios de estos vehículos de movilidad personal porque son realidades distintas

Usuarios de patinete en la ciudad de València, donde conviven de manera ordenada con el gran número de bicicletas. | M. A. MONTESINOS

Usuarios de patinete en la ciudad de València, donde conviven de manera ordenada con el gran número de bicicletas. | M. A. MONTESINOS

El Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, encendió la semana pasada al colectivo ciclista. Una vez más. Vargas presentó un dictamen en el que señalaba a los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) «por el incumplimiento de las normas viales» y a los fabricantes de estos artefactos «por su indebida comercialización». Sin embargo, en su informe, el fiscal también metía en el mismo saco a las personas usuarias de las bicis, lo que ha sentado muy mal entre las diferentes asociaciones.

Los ciclistas exigen que no se les equipare en la norma a los patinetes

La Fiscalía de Seguridad Vial centró su dictamen en tres cuestiones. La primera es sobre la catalogación de los VMP, ya que existen muchos tipos distintos comercializados y, según Bartolomé Vargas, «en ocasiones con apariencia de ciclomotores y con elevadas prestaciones y nivel de potencia», por lo que considera que hay que determinar «cuáles de ellos tienen encaje en el concepto de ciclomotor o vehículo a motor con los que se pueden cometer los delitos contra la seguridad vial» y «conducciones bajo la influencia del alcohol o drogas, temerarias o sin permiso».

En segundo lugar, Vargas explica que el aumento de estos vehículos de movilidad personas que no incluidos en el código penal y bicicletas con pedaleo asistido «aumenta la perturbación del bienestar e inseguridad de los ciudadanos» porque dice que «de modo generalizado» incumplen las normas viales, «por lo que la siniestralidad que originan va en aumento».

Por ello, Vargas impulsa desde la Fiscalía «el ejercicio con mayor rigor de las facultades de vigilancia policiales, controles de alcohol y drogas conocidos y visibles para la ciudadanía, sanciones, inmovilización, retirada y depósito ante infracciones legales generadoras de situaciones de riesgo y su consideración cuando las infracciones viales generen resultados lesivos como posibles autores de los delitos de homicidio».

Por último, y como tercera idea principal, el Ministerio Fiscal quiere abordar el fenómeno de la indebida comercialización de estos vehículos desde estrategias sancionadoras y preventivas. Su preocupación se dirige en particular por los VMP, «que se comercializan con frecuencia para su uso en el ámbito urbano sin ninguna cautela como si se tratara de un balón de baloncesto», dijo Vargas, «estando al alcance de menores de edad, a veces de edades tempranas, su adquisición o uso».

Bartolomé Vargas considera un «peligro» de circular sin seguro, por lo que va a impulsar la obligatoriedad del mismo.

Tras este polémico dictamen, este periódico se propuso conocer la opinión de los dos colectivos implicados. Las pocas asociaciones de VMP que existen en nuestro país adolecen de una masa social importante y, pese a los esfuerzos de Levante-EMV, no obtuvo respuesta. En cambio, los colectivos ciclistas llevan años asentados y con una fuerza destacable. Todos han mostrado con firmeza su rechazo a las conclusiones del Fiscal de Sala.

Belén Calahorro es la coordinadora del área de formación de la organización estatal ConBici, y lamenta «la falta de conocimiento total de las diferencias entre una bici y un VMP porque se pone la bici en un sitio donde no corresponde». Calahorro, que fue también directora de la Agencia Municipal de la Bicicleta de València, considera que el fiscal quiso centrarse en su dictamen en los VMP « y nos enclava a los ciclistas en un grupo que no debería». Y recuerda que aunque en general el uso de los VMP «tiene cosas positivas, la bici tiene muchísimos más», y por ello la problemática de unos y otros «los hemos de tratar de forma diferente».

Son los más vulnerables

La principal cuestión que recrimina la Coordinadora en Defensa de la Bici es que Bartolomé Vargas les haya equiparado a los VMP, cuando la mayor incidencia de problemas los están protagonizando usuarios de patinetes y derivados.

Además, recuerdan, ambos colectivos junto a los peatones están considerados como «vulnerables» en todos los estudios de Seguridad Vial, y por lo tanto lamentan que en cierta manera se criminalice a los usuarios de bicicleta cuando «es la víctima del tráfico». Por lo tanto, consideran que el foco se ha de poner en los vehículos a motor. «No hay constancia ni datos sobre controles de drogas y alcohol en ciclistas o usuarios de VMP, pero el peligro está en los vehículos que se mueven alrededor de la bici», afirma Belén Calahorro. Lo cierto es que estos controles que propone el Fiscal apenas se practican en los cuerpos de policía urbana. La coordinadora de formación de ConBici explica que las imprudencias de ciclistas no tienen las mismas consecuencias que las de un vehículo a motor y por lo tanto «las sanciones deberían ser proporcionales», no como se contemplan en la actualidad.

De igual forma, volver a situar como un problema la cuestión del seguro obligatorio, es una cuestión que escuece mucho en el colectivo ciclista. «Es importante que el seguro no sea obligatorio porque desincentivaría el uso de la bici. Quien quiera se lo haga, que muchos lo tienen asociado al seguro del hogar. Pero en Estrategia Estatal de la Bicicleta queda bien claro la no obligatoriedad y es un documento pactado con el Gobierno. Ya se han hecho experimentos en algunos países y no han dado buenos resultados», señala Calahorro.

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