Ni los fueros valencianos ni el Decreto de Nueva Planta. Un juzgado de Barcelona ha aplicado la legislación foral aragonesa de 1247 —abolida en el Reino de Valencia hace 395 años— para resolver el litigio que enfrenta a dos primos segundos por el título de conde de Carlet. La sentencia declara prescrito el derecho de Francisco Javier Armet y Castro a reclamar la distinción nobiliaria frente a su actual poseedor, pese a reivindicar el primero su posición preferente en la línea sucesoria de la familia como jefe de la Casa de Castellví.
Desde que Jorge de Castellví y López de Mendoza estrenó el título en 1604 por obra y gracia de Felipe III, se han sucedido 14 condes de Carlet. El actual poseedor del reconocimiento es Federico Coll Barris, que lo ostenta desde el fallecimiento de su madre, la condesa Paloma Barris, en 2008. Pero la designación es objeto de una disputa en los tribunales que tiene su origen en 1975, cuando Ricardo Armet de Castellví cedió el condado en testamento a su sobrino Javier Armet Xiol Castellví, padre del demandante y hermano mayor de la abuela del actual conde, la cual se opuso a ese nombramiento.
En 1978 se resolvió la sucesión a favor de Armet Xiol, al entenderse que representaba una línea prioritaria en el tronco familiar. Sin embargo, durante la tramitación del expediente el beneficiario falleció, por lo que no pudo abonar el impuesto obligatorio para disfrutar del título. Como la abuela de Federico Coll también murió en el proceso, finalmente fue su hija, Paloma Barris, la que en 1982 logró que se le concediera el título nobiliario, al quedar como la única solicitante del mismo.
A partir de esa fecha, por regla general, Francisco Javier Armet y Castro dispondría de un plazo de 40 años (hasta 2022) para reclamar la distinción que le correspondía a su padre si se aplicaran las Leyes de Toro de la Corona de Castilla, que Felipe V impuso en el Reino de Valencia cuando en 1707 fulminó el derecho foral valenciano, nunca recuperado.
Sin embargo, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Barcelona, Marta Hueso, ha desestimado la demanda del reclamante acogiéndose a la normativa recogida en la llamada Compilación de Huesca, que establecía un plazo de prescripción de 30 años para poder exigir derechos sobre los títulos concedidos bajo los dominios de la Corona de Aragón.
El pleito, en cualquier caso, no está cerrado. Martín de Oleza, abogado especialista en derecho nobiliario que representa en el caso a Armet y Castro, prepara un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona contra una sentencia que considera carente de rigor histórico por no tener en cuenta ni ‘Els Furs’ que rigieron el Reino de Valencia ni el Decreto de Nueva Planta que los derogó en plena Guerra de Sucesión. Antes, en 1626, De Oleza recuerda que las Cortes de Monzón prohibieron expresamente acogerse a la legislación aragonesa y extendieron el derecho foral valenciano a todos los rincones del Reino.
Colisión con el Constitucional
El fallo judicial también choca con la reciente doctrina dictada por el Tribunal Constitucional, que desmontó la posibilidad de aplicar cualquier tipo de normativa foral en la Comunitat Valenciana y que ha tumbado varias leyes promovidas por la Generalitat dirigidas a recuperar el derecho civil histórico propio.
Hace 13 años, con un caso muy similar, Martín de Oleza consiguió ganar una sentencia ante el Tribunal Supremo en virtud de la cual le fue retirado el título de barón de l’Alcalalí a Joaquín Manglano y Baldoví en favor de Soledad Ruiz de Lihory, al ocupar esta última una posición preeminente en la línea sucesoria.
Aquella resolución fijó en 40 años el plazo de prescripción de los títulos nobiliarios, al igual que la mayoría de pronunciamientos del Alto Tribunal en los últimos años. En cambio, la jueza de Barcelona invoca otras sentencias del Supremo que aplican el Fuero de Huesca para las distinciones nobiliarias otorgadas bajo la Corona de Aragón. La defensa del actual Conde de Carlet también alega su legitimidad como máximo allegado de la última poseedora del título, aunque la magistrada únicamente valora la prescripción.
