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Bravo busca un pacto a dos años con los sindicatos para reformar la función pública

Plantea una comisión para debatir sobre la reversión de los servicios públicos e impulsar la futura Escola Valènciana de Administración Pública

Complejo administrativo 9 d'Octubre.

Complejo administrativo 9 d'Octubre. Fernando Bustamante

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, ha presentado a los sindicatos una propuesta con varios puntos para cerrar con ellos un nuevo acuerdo de legislatura y reeditar de esta manera el pacto alcanzando durante la primera legislatura del Botànic y que para la conselleria generó un «clima sereno» para mejorar los derechos de la plantilla y avanzar en la transformación de la administración. En esta ocasión,y trascurrido ya el ecuador de la legislatura la propuesta de la conselleria está más centrada en desarrollar aspectos de la nueva ley de función pública aprobada recientemente y cuyo desarrollo está pendiente.

En concreto, y como novedad, se busca el acuerdo sindical para constituir la Comisión de Estudio y Debate para la Reversión de los Servicios Públicos Externalizados, un órgano de nueva creación que tendrá entre sus funciones conocer la planificación anual y negociar los procesos de subrogación por prestación directa de servicios externalizados.

Esta comisión está recogida en el artículo 191 de la nueva ley de función pública, pero su impulso vendría a coincidir en el tiempo con la polémica suscitada en el seno del Consell a cuenta de cómo abordar la reversión del Hospital de Torrevieja, así como los servicios de resonancia magnética de los hospitales y la farmacia de residencias. De hecho, la Conselleria de Sanidad ante la férrea oposición de Compromís y Unides Podemos ha desistido de la constitución de una mercantil para subrogar al personal de estas empresas. Este personal contratado por firmas privadas pasasará directamente a formar parte de la plantilla de la Generalitat.

La futura comisión, que sobre todo impulsa Comisiones Obreras, supone incorporar a la conselleria de Justicia y a los sindicatos de manera formal en futuras negociaciones sobre reversiones. Cabe apuntar que el departamento de Bravo es la competente en materia de recursos humanos.

Por otro lado, Bravo busca el acuerdo sindical para aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de l´Escola Valenciana d´Administració Pública, la nueva entidad pública que impulsa el Consell para gestionar la formación continúa del funcionariado y el consejo asesor de Función Pública.

El documento, sobre el que ya se ha comenzado a trabajar, incluye también un apartado retributivo, pero en esta ocasión el margen de negociación del Consell es muy limitado.

De hecho, de momento, en el horizonte sólo está la aplicación del incremento del 0,9% acordado en su día por el Gobierno central y que el Consell adaptará a su personal a través de un decreto ley. La legislatura pasada este ámbito fue muy relevante ya que, entre otras cosas, resolvió el pago de la carrera profesional para el personal interino.

El documento incluye varios apartados sobre gestión de recursos humanos y plantea la cuestión de la reducción de la tasa de temporalidad mediante la convoatoria de ofertas de empleo público amplias y reitera la exigencia al Gobierno central para levantar el veto a la incorporación masiva de personal eliminando la tasa de resposición de efectivos.

La conselleria, mantuvo el miércoles, la primera reunión técnica para avanzar en el pacto, aunque sin grandes avances. De hecho, el encuentro arrancó con bronca sindical interna a cuenta de las bolas de empleo público. El sentir de las organizaciones representadas en la Mesa General de Negociación (CCOO, UGT y CSIF) es que los asuntos importantes están atascados y muchos de ellos dependen del Gobierno central. A Bravo le costará repetir la imagen de unidad de 2016, si bien en esta ocasión no tendrá que lidiar con Intersindical, que se quedó sin representanción en este órgano.

Igualdad y refuerzo en salud laboral

La propuesta incluye la revisión de los planes de Igualdad para adaptarlos a la actual normativa e impulsar la extensión a la Universidades Públicas Valencianas del convenio de movilidad interadministrativa por motivos de violència de genero, asÍ como la adhesión de entidades locales aún pendientes. También hay compromiso para desarrollar la normativa sobre prevención de riesgos laboralesy dotar al Invassat con los recursos humanos para palizar la escasez de personal .

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