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Tribunales

La jueza del caso Azud deja en libertad a dos de los empresarios encarcelados implicados en la trama

Los dos investigados deberán comparecer semanalmente en el juzgado y tienen prohibido salir del país El resto de investigados siguen encarcelados

Agentes de la Guardia Civil en la operación Azud II de esta semana

La jueza del caso Azud ha decretado la libertad provisional para dos de los empresarios investigados en el caso Azud, Mónica M. S. y Joaquín P. R., según confirman a Levante-EMV fuentes jurídicas. El resto de investigados encarcelados, el exvicealcalde Alfonso Grau, el exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, y el empresario Jaime Febrer siguen en prisión.

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de València ha decidido dejar en libertad a los dos empresarios al considerar que ya no existe peligro de destrucción de pruebas en su caso. Los cinco investigados encarcelados por el caso Azud están en prisión desde el pasado 15 de mayo al considerar el riesgo de destrucción de pruebas y, en algunos casos, el de fuga.

 El Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga junto a la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción una presunta trama corrupta de mordidas y regalos a cambio de favores urbanísticos en València y otra decena de ayuntamientos de la C. Valenciana, en una causa bautizada como caso Azud II, que se inició en 2017 con la investigación tributaria al cuñado de Rita Barberá, José María Corbín.

Al empresario liberado, Joaquín P. R., se le considera el presunto ‘ingeniero financiero’ de la trama y está acusado de dirigir las operaciones de lavado y obtención de dinero líquido a partir de facturas falsas desde su gestoría en Alicante. La empresaria Mónica M. S. habría presuntamente participado de forma activa en esta presunta trama del pago de mordidas a cambio de favores urbanísticos en la ciudad de València. Los dos investigados deberán comparecer semanalmente en el Juzgado de Guardia y la magistrada también ha decidido retirarle los pasaportes y prohibido salir del país, según confirman fuentes jurídicas a Levante-EMV.

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