La dirección de Política Financiera de la Conselleria de Hacienda se ha comprometido a estudiar la concesión del aval solicitado por la radiotelevisión pública valenciana para afrontar el pago de 24,8 millones de euros que le reclama la Agencia Tributaria por las liquidaciones del IVA correspondientes al periodo comprendido entre 2016 y 2019. Aunque el órgano que gestiona À Punt acudió inicialmente al Institut Valencià de Finances (IVF) con el objetivo de encontrar las garantías necesarias para financiar la reclamación tributaria, la solicitud no podía prosperar. Las fuentes consultadas por este diario precisan que el banco autonómico perdió hace unos años la competencia normativa para autorizar operaciones como la pretendida a entidades públicas del sector instrumental. Así, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) se ha encomendado a la administración autonómica para hallar una solución que minimice el impacto de la deuda del IVA, recurrida en los tribunales y casi equivalente a la mitad del presupuesto anual de la CVMC.
De momento no hay ningún tipo de acuerdo cerrado, pero en la Conselleria de Hacienda confirman que el servicio de Política Financiera ha requerido al ente público la documentación necesaria para valorar la viabilidad de su petición. La aprobación del aval, en cualquier caso, correspondería al pleno del Consell. Tanto en el seno del consejo rector como entre la plantilla de À Punt existe preocupación por la pesada losa del IVA, que no es fruto de la gestión económica de la cadena sino la consecuencia de un cambio de criterio en el cálculo del impuesto que afecta a las televisiones públicas. En la reunión del órgano gestor de la cadena que tuvo lugar ayer también quedó patente el malestar de algunos consejeros con la propuesta de la presidenta, Mar Iglesias, para reformular la ley de À Punt restando competencias a la dirección general. El asunto suscitó debate interno.
