El fiscal valenciano Eduardo Olmedo, especializado en la tutela de los derechos de los animales en la Fiscalía de Medio Ambiente en Valencia, presentó ayer su libro ‘Los delitos de maltrato animal en España’ en el que analiza de forma exhaustiva esta materia desde sus orígenes y su evolución en la justicia española, logros y retos todavía pendientes, hasta las más recientes sentencias. El autor de esta guía práctica para la aplicación de las distintas figuras delictivas en casos reales, útil tanto para profesionales del Derecho como para todo operador jurídico, policía o persona interesada en los derechos de los animales, reconoció muy a su pesar que el maltrato animal todavía está permitido en España.
Concretamente está legalizado en tres casos excepcionales, pero en los que reiteradamente también se maltrata de forma totalmente injustificada a los animales. Con fines de experimentación en laboratorios, como el caso reciente de Vivotecnia en Madrid. En los festejos populares y para la alimentación humana —mataderos o la caza—. En estos dos últimos casos es consciente de las dificultades de erradicarlo por completo y no espera grandes cambios a diez años vista «por la fuerza de dos lobbies como son los cazadores y el mundo taurino».
No obstante, además del avance de dejar de considerar a los animales como cosas y pasar a ser reconocidos como seres sintientes, a través de su trabajo en la Fiscalía de Medio Ambiente, que ahora compagina con su labor como Fiscal Delegado provincial de Seguridad Vial, Olmedo lucha para que se proceda al decomiso del animal como objeto del delito.
Entre los logros que ya ha conseguido con sentencias pioneras en la jurisprudencia española, y que cada vez están adoptando en más comunidades, es la sustitución de penas privativas de libertad con cursos de reeducación para maltratadores de animales.
En el libro también se exploran otros ámbitos delictivos con los animales como víctimas como son la explotación sexual. Actualmente en España la zoofilia no está penada salvo que acarree a su vez un maltrato del animal, aclaró. Así como la delgada línea entre el proceso penal y el derecho administrativo sancionador o las diferencias entre comunidades autónomas ante un mismo hecho ilícito. Por ejemplo en Canarias y Andalucía las peleas de gallos están permitidas.
En el acto, organizado en el Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV), intervinieron también el catedrático de derecho penal de la José L. González Cussac; Marita Giménez-Candela, directora del Centro Internacional de Derecho y Políticas Animales (ICALP) y la presidenta de la Sección de Derecho Animal del ICAV, Amparo Requena. «Gracias en nombre de todos los animales que van a tener una vida más justa», agradeció a Olmedo ésta última.
