La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) es la herramienta prevista por la Conselleria de Igualdad para que los jóvenes que cumplen 18 años y no acceden a la red de emancipación dispongan de unos ingresos mínimos que les permitan subsistir. Sin embargo, solo el 15 % de los jóvenes extutelados que alcanzan la mayoría de edad consiguen la ayuda.
Así consta en la última resolución del Síndic de Greuges, Ángel Luna, sobre la transición a la vida independiente de jóvenes tutelados y extutelados donde la conselleria admite que, en 2020, de las 275 personas que causaron baja en el sistema de protección por cumplir la mayoría de edad solo 42 obtuvieron la RVI de los 122 que la tramitaron. «Se observa que las solicitudes presentadas son muy inferiores al número de menores que causan baja en el sistema de protección tras alcanzar la mayoría de edad», afirma el Síndic en el informe.
Además, añade que la concesión de la RVI «no solo comporta una prestación económica básica y necesaria para afrontar un proceso de vida independiente, sino que conlleva la elaboración de proyectos de inclusión social y de itinerarios de inserción laboral, imprescindible para lograr que el mismo resulte exitoso y por tanto, que la actuación de las administraciones públicas aseguren la pretendida atención integral de los jóvenes a los que tuteló».
Por ello, Luna también pide a la conselleria que les «otorgue prioridad en el acceso los programas de fomento de empleo y de inserción sociolaboral, así como a las ayudas para el alquiler de viviendas y a cualquier otra prestación o ayuda pública que pueda contribuir al desarrollo de la independencia personal» y que se «tramite y resuelva con urgencia los expedientes de la RVI que siguen pendiente de resolución hasta la fecha».
El informe del Síndic de Greuges especifica que 684 menores estaban en 2020 en acogimiento residencial y 545 en acogimiento familiar. De esos 1.229 menores tutelados, 307 cumplieron 18 años y solo 32 continuaron formando parte del sistema de protección. Un total de 275 salieron del sistema y solo 44 consiguieron la RVI.
Desde las entidades sociales que gestionan los hogares de emancipación de la red pública han denunciado el problema informático que plantea la herramienta de la RVI, que no permite a los jóvenes solicitar la ayuda hasta que no cumplen los 18 años, lo que les deja en un «limbo» y sin ingresos mientras se tramita una prestación que llega a muy pocos jóvenes extutelados por el Consell, según señalan las cifras.
Antes de la llegada del Botànic, en 2015, no existía red pública de emancipación, de manera que eran los centros privados los que ofertaban algunas plazas. En la actualidad, la Conselleria de Igualdad dispone de 26 hogares (10 en Alicante, 2 en Castelló y 14 en València) que suponen 122 plazas. No hay solicitudes para estas plazas de manera que tampoco hay lista de espera.
Sin embargo, el infome del Síndic sí refleja que el «número de personas que se encuentran pendientes de asignación para el acceso de cualquier recurso de la red de emancipación a 31 de diciembre de 2020 asciende a 73 personas». Para el Síndic «resulta evidente que el número de hogares y plazas existente, así como su nivel de ocupación, no tienen capacidad para dar respuesta a los jóvenes que cada año causan baja en el sistema».
Sin papeles y vulnerables
Ahora bien, el informe también reconoce la existencia de algunos jóvenes «que a estas edades abandonan la medida de protección en la que se encuentran, quedando en una evidente situación de riesgo y sin supervisión suficiente de las administraciones públicas, menores que se marchan de los centros de acogida y que incluso son dados de baja por imposibilidad del ejercicio de la tutela; menores cuyo proceso de acogimiento familiar fracasa y son acogidos en residencias y otras muchas situaciones». Y también cita la información de las entidades que gestionan los hogares de emancipación y vida independiente que recalcan que muchos de los jóvenes atendidos «son extranjeros que se encuentran en el país sin red de apoyo familiar de apoyo» y que abandonan el sistema de protección «sin realizar los trámites de la autorización de residencia» lo que supone «una grave vulneración de derechos, además de dejarles en una situación de grave indefensión jurídica y de especial vulnerabilidad».
Por todo ello, el Síndic de Greuges recomienda «que se incrementen los medios materiales y personales, así como los presupuestos disponibles para dotar suficientemente el programa ‘Transición a la vida independiente y emancipación’» y que «arbitre las medidas necesarias para agilizar los trámites de obtención de las autorizaciones de residencia». Además, el Síndic insta a «priorizar y tramitar con urgencia ayudas y recursos normalizados (vivienda, educación y formación, inserción laboral, inserción social...) de los jóvenes extutelados» y que se modifique la normativa vigente de la RVI para que los jóvenes extutelados accedan a la ayuda «por procedimiento de urgencia».
