La última propuesta que el Ministerio de Política Territorial que dirige Miguel Iceta ha entregado a las comunidades autónomas no incluye la petición del Consell para un proceso de estabilización que permita sacar a oferta de empleo público todas las plazas estructurales ocupadas por personal interino. El texto llegó ayer al mediodía a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y no recoge la petición de la consellera Gabriela Bravo que ya dejó claro la semana pasada al ministerio que el plan de estabilización previsto resulta insuficiente para las necesidades de la Generalitat, con una tasa de temporalidad que roza en algunos sectores el 40%.
Cabe apuntar que el decreto de Iceta plantea un proceso extraordinario para las plazas ocupadas por temporales durante tres años y de forma ininterrumpida con anterioridad a diciembre de 2020. Bravo pide una tasa adicional que incluya las creadas con anterioridad al 1 de julio. La fecha no es baladí, ya que, en este periodo de tiempo que queda en el limbo, la Generalitat ha nombrado a unos 1.400 temporales, de ahí la insistencia de otra oferta que permita poner «el contador a cero». En el mejor de los casos, calcula Función Pública, la temporalidad quedaría en el 20% con la propuesta de Iceta.
Tampoco se ha tenido en cuenta la petición del Consell de que la previsión de indemnización no se limite al personal interino que sea nombrado a partir de la aprobación de la reforma. Un agravio comparativo respecto a quienes llevan años en nómina de la Generalitat y consiguen superar el proceso selectivo.
El ministerio tenía previsto una nueva reunión con los sindicatos, con asistencia como ‘oyentes’ de las comunidades autónomas. La idea es que la reforma se apruebe en el consejo de ministros de hoy martes.
