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El Jurídic avisa del abuso de la contratación irregular en los ayuntamientos

Censura los encargos fuera de contrato habituales también en la Generalitat - El órgano prevé un aluvión de reclamaciones por la pandemia

Enric Morera y Margarita Soler, ayer, con el USB de la memoria anual del Jurídic. | R. SOLSONA/E. PRESS

Enric Morera y Margarita Soler, ayer, con el USB de la memoria anual del Jurídic. | R. SOLSONA/E. PRESS

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha mandado un aviso a las administraciones públicas, en particular a los ayuntamientos, por la forma recurrente en que acuden a la contratación irregular, una práctica con varias caras (contratos o prestaciones verbales, modificados sin procedimiento, prórrogas verbales, etc.) y que obliga a estas administraciones a compensar al contratista para evitar un enriquecimiento injusto. El Jurídic, que ayer presentó a las Corts su memoria relativa al ejercicio de 2020, dedica una de sus observaciones a analizar este tipo de contratación para tratar de arrojar luz sobre la controversia jurídica en torno a cuál es el fundamento de la obligación de pago de las prestaciones efectivamente por parte de las administraciones.

La reflexión tiene como origen varios dictámenes que el órgano consultivo realizó para el Ayuntamiento de València, que tuvo que hacer frente al pago de contratistas contratados de forma verbal, pero sus consideraciones son de aplicación al reto de administraciones, incluida la Generalitat, que desde hace años abusa de los expedientes de enriquecimiento injusto, sobre todo en Sanidad y Políticas Inclusivas, que mantienen prestaciones de servicios sin que las adjudicaciones se hayan renovado.

El Jurídic analiza si la base jurídica para el pago por parte del órgano de contratación se basa en un supuesto de nulidad de pleno derecho, de un supuesto de daños y perjuicios o de enriquecimiento injusto y señala el camino sobre cuál es el procedimiento correcto para pagar al contratista las facturas. Pero más allá de esta cuestión, el Jurídic afea el procedimiento en sí y deja claro que la contratación verbal está prohibida y que sólo puede acudirse a ella de forma excepcional, cuando se utilice la tramitación de emergencia.

El órgano consultivo recuerda que las administraciones «no deben encargar las prestaciones o servicios a contratistas al margen de las prescripciones que marca la ley de Contratos del Sector Público». En los casos de contratos irregulares y que deben pagarse al contratista, el Jurídic apunta que debe acudirse a la revisión de oficio, pero insiste en que este sistema debe ser respuesta a supuestos excepcionales y no un instrumento habitual para «amparar» pagos que tienen su origen en actuaciones habituales al margen de la legislación de contratación pública.

La revisión de oficio, advierte, no debe usarse como «remedio» que incentive la contratación irregular. Además, avisa de «las posibles responsabilidades en que incurrirán aquellas autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas que ordenen la ejecución por un tercero de prestaciones al margen de la legalidad, como la correlativa responsabilidad de aquellas entidades que han ejecutado la prestación a sabiendas de que se estaba infringiendo la normativa de contratación.

La memoria de 2020, tal como apuntó la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, está marcada por el «complicado» año de la pandemia. La crisis sanitaria impactó también en el día a día del organismo jurídico, que este año celebra su 25 aniversario, si bien la actividad se mantuvo en niveles de otros años con cerca de 700 dictámenes. Soler explicó que las reclamaciones relacionadas con la covid todavía no han llegado al organismo, por lo que no están recogidas en la memoria, si bien admitió que la previsión es un aluvión de expedientes, por la vía de la responsabilidad patrimonial, en los próximos meses.

Como balance anual en cifras, el Jurídic Consultiu recibió 714 consultas y emitió 681 dictámenes frente a las 687 y 739 del año anterior, respectivamente, y celebró hasta 47 plenos. Por áreas, después de Sanidad, con 257 asuntos relacionados, destacan las conselleries de Justicia (64), Movilidad (28), Educación (21), Economía (18), Igualdad (13), Hacienda (12) o Agricultura (12).

Por materias, la mayoría estaban relacionadas con indemnizaciones de daños y perjuicios y responsabilidad patrimonial (378), por delante de las revisiones de oficio de actos administrativos (146) o los proyectos de reglamento (100).

Margarita Soler defendió el control previo en las administraciones para evitar ir a los tribunales y destacó que la mayoría de dictámenes salen adelante por unanimidad. En los últimos años la entidad ha constatado un aumento de consultas por parte de las universidades, los ayuntamientos y las diputaciones.

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