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La reforma de Iceta fulmina los planes del personal interino para ser fijo

El nuevo proceso dejará la temporalidad en la Generalitat en el 16% en el mejor de los casos

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El plan de choque aprobado ayer por el Gobierno central tras el acuerdo con las principales organizaciones sindicales arruina las expectativas del personal interino de la Generalitat de un proceso adhoc para convertir su puesto de trabajo en fijo, al tiempo que dificulta al Botànic la gestión de su plantilla pública, que, además, no podrá cumplir el objetivo gubernamental de reducir al 8 % la temporalidad. Pese a las alegaciones de las comunidades, entre ellas, las de la Conselleria de Justicia, el ministro de Política Territorial, Miguel Iceta, ha optado por una vía que no parece contentar a nadie.

Al colectivo interino, porque da al traste con las expectativas que le generó la sentencia de la Unión Europea de marzo de 2020. El personal, muy movilizado, confiaba en que el Gobierno aprobara una reforma legal que permitiera un proceso extraordinario y restringido para convertir sus puestos en fijos.

Sin embargo, la reforma aprobada no da más facilidades en las oposiciones que las que ya existen en los procesos puestos en marcha por la Generalitat. El Consell ha ofertado 4. 515 correspondientes a las ofertas de empleo público de 2017, 2018, 1019 y 2020 por la vía de la estabilización. Estos procesos, abiertos a todo el mundo, permiten que la fase de concurso pese un 40 % en la nota final y se valora el tiempo trabajado en la administración. Pero, previamente, hay que aprobar una oposición, un objetivo que no es tan fácil de lograr. De hecho, el balance de los exámenes ya realizados, apunta a una tasa de aprobados por debajo del 20 %.

Miquel Iceta permitirá a las administraciones un proceso extraordinario, pero regido por las mismas reglas. La conclusión es que muchos seguirán sin consolidar su puesto y, lo que es peor, quienes no aprueben se irán al paro y, en principio, sin indemnización. Cabe recordar que la fijada por el gobierno (20 días por año trabajado) sólo afecta a quienes pierdan su empleo en el proceso extraordinario o quienes a partir de la reforma estén más de tres años en un puesto. El colectivo también ha perdido esta batalla, ya que confiaba en una indemnización similar al despido improcedente.

Pero tampoco es una buena reforma para la Generalitat, por insuficiente para cubrir todas las plazas de temporales. De hecho, los datos facilitados por la Conselleria de Justicia evidencian que, en el mejor de los escenarios, la temporalidad se quedaría en el 16 %, es decir, el doble del objetivo del Gobierno central.

Casi la mitad de la plantilla son interinos

Las cuentas son las siguientes. La conselleria cifra en 19.002 personas la plantilla pública, de las que 9.287 es personal funcionario interino, es decir, el 48 %. Los procesos de estabilización sólo afectan a puestos estructurales, es decir, a unas 7.442 plazas.

Descontando las citadas 4.515 plazas ya ofertadas, quedarían 2.927 interinas, pero la letra pequeña del acuerdo (puestos estructurales ocupados por más de 3 años antes de diciembre de 2020) restringe la futura nueva OPE a 1.736 puestos. Por tanto, quedarían 1.191 puestos estructurales sin cubrir, unidos a los otros no estructurales. Además, habría que añadir, advierte la conselleria que dirige Bravo, los futuros nombramientos necesarios para cubrir servicios públicos.

También le complica la vida a la Generalitat en un futuro para gestionar sus recursos humanos. El acuerdo recoge la prohibición de que, a partir de ahora, un interino esté más de tres años en un puesto y prevé sanciones par a la administración que incumpla. La Generalitat cuenta con una plantilla mermada y envejecida y las restricciones para incorporar funcionariado siguen activas a través de la tasa de reposición.

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