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Una cuarentena de funcionarios desfila en el juzgado por el caso Azud

La mayoría de los trabajadores públicos pertenecen al Ayuntamiento de València y declaran como investigados por su presunta colaboración en la trama de mordidas y favores urbanísticos

Un agente de la UCO con evidencias de la casa de Grau. | M. A. MONTESINOS

Una cuarentena de funcionarios del Ayuntamiento de València y trabajadores de diferentes empresas han desfilado ante el Juzgado de Instrucción 13 de València y el Fiscal Anticorrupción, que investigan el caso Azud, desde la semana pasada, según ha podido saber Levante-EMV de València de fuentes de las defensas.

Todos ellos han comparecido en calidad de investigados por su relación con los contratos y favores urbanísticos investigados en esta causa. El caso Azud se inició en 2017 a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria, que derivó en la investigación y detención del cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, en una primera operación policial efectuada en 2019 por la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dos años después, el pasado 13 de mayo de 2021, una segunda actuación policial acabó con la detención del exvicealcalde y concejal del PP en València (1995-2015), Alfonso Grau, y el exportavoz socialista en el consistorio del cap i casal, Rafael Rubio.

Desde el principio, en esta causa se ha seguido el rastro a Corbín por el crecimiento de su cuenta de resultados en su despacho de abogados, presuntamente, a costa del supuesto cobro de comisiones como «mediador» en todo tipo de áreas del Ayuntamiento de València. El despacho Corbín Abogados SL sería la puerta de entrada a la contratación en el Ayuntamiento de València en todo tipo de áreas y de forma transversal, sin centrarse únicamente en el urbanismo. Y que supuestamente repartía favores, prebendas o aceleración de trámites entre los contratistas de la «Casa Gran», como se conoce al Ayuntamiento de València, previo pago de supuestas comisiones, como si fuera un dispensador de turnos de un supermercado. Uno de estos presuntos beneficiados sería el empresario Jaime Febrer, un viejo conocido de Corbín, que se convirtió en el perejil de muchas de las actuaciones urbanísticas que se realizaron en València durante el tsunami urbanístico. Febrer habría puesto huevos en otras muchas cestas ya que los investigadores de Azud también indagan el presunto pago de favores en otros ayuntamientos, algunos socialistas, de la Comunitat Valenciana.

Para estas prácticas fraudulentas, era imprescindible contar con la aquiescencia de funcionarios de base o incluso jefes de servicio que aún siguen trabajando en el Ayuntamiento de València. Las declaraciones se han producido de forma maratoniana desde la pasada semana para realizarlas en el mínimo tiempo posible y posibilitar, en la medida de lo posible, que los investigados se coordinaran entre ellos en sus respuestas, según fuentes de las defensas. No ha trascendido el contenido de sus declaraciones ya que la causa sigue bajo secreto de sumario desde 2017.

Por esta causa siguen en prisión el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, el exportavoz socialista Rafael Rubio y el empresario Jaime Febrer (que dio la clave de bóveda de la causa al incautarle sus dietarios en 2019) y que recientemente ha sido visitado en la cárcel por el abogado (y síndic socialista en las Corts) Manuel Mata que llevará su codefensa, y por el letrado José María Corbín.

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