La joven que sufrió abusos por parte de Luis Eduardo R.I., exmarido de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, mientras se encontraba tutelada en un centro de menores donde él era educador, ha solicitado una indemnización de 240.000 euros a la Conselleria de Igualdad, de la que es titular Oltra. A través de su abogado, la mujer, que ya es mayor de edad pero que tenía menos de 18 años cuando se cometieron los abusos, ha presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial por "el daño moral sufrido".

Además el letrado de la joven, José Luis Roberto, líder del partido de ultraderecha España 2.000, ha presentado en nombre de su representada una denuncia contra cuatro funcionarias de la Conselleria de Igualdad y responsables del centro en el que se encontraba la joven tutelada, por considerar que la reclamante sufrió "un trato degradante, humillante y vejatorio". Las trabajadoras públicas señaladas son la directora del centro de acogida donde residía la menor y ocurrieron los hechos; una psicóloga de la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas; la técnico jurídica de conselleria que instruyó el expediente administrativo, y la directora territorial de Valencia de la conselleria que ostentaba el cargo en ese periodo.

En el escrito de reclamación presentado se aduce que estas funcionarias y cargos la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas supieron que se estaban produciendo estos abusos en febrero de 2017 y "durante varios meses omitieron su deber de denunciar (de hecho, nunca lo hicieron)". Por todo ello, la menor solicita una testifical de Mónica Oltra, así como la de diversos funcionarios, por entender que eran conocedores de los hechos ocurridos.

Abusos reiterados e inacción por parte del centro

En este mismo escrito se explica que la víctima entró en el sistema de tutela público valenciano en el año 2011, con apenas 8 años de edad, tras ser declarada en situación legal de desamparo. A partir de ese momento la Generalitat Valenciana comenzó a ejercer las funciones de guarda legal. Los abusos sexuales por parte de Luis Eduardo R. I. tuvieron lugar en varias ocasiones durante los años 2016 y principios de 2017, cuando la niñatenía 14 años de edad.

Según se desglosa en el informe de reclamación, en febrero de 2017 la víctima pone en conocimiento de los funcionarios del centro que se estaban cometiendo esos abusos pero no se informó a Fiscalía de lo que estaba sucediendo y "permitieron que durante todos esos meses abusador y víctima convivieran en el mismo centro". Finalmente, en junio de ese mismo año, la joven denunció ante la policía.

Cabe recordar que en marzo de este año Luis Eduardo R. I. fue condenado a cinco años de cárcel por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. El tribunal se pronunció en contra la actitud del departamento que debía proteger a la menor y que realizó "una suerte de instrucción parajudicial" de "dudosa naturaleza" en lugar de comunicar el delito de abusos sexuales a la Fiscalía.

Por su parte la Conselleria de Igualdad, con la que se ha puesto en contacto Levante-EMV, asegura desconocer esta reclamación, puesto que no le consta a sus servicios jurídicos.