El botellón no es más que un grupo de personas, habitualmente jóvenes entre los 15 y los 30 años, bebiendo (alcohol) en la calle. Se suele hacer en noches de fiesta como previo a ir a una discoteca o como su sustitutivo. Es una práctica ilegal que antes de la pandemia ya era sancionada, pero que se ha caracterizado por sobrevivir al paso del tiempo y no precisamente en la clandestinidad porque no era difícil saber en un fin de semana dónde se estaba celebrando uno.

Sin embargo, en un momento de alza de contagios covid entre la gente joven, el botellón aparece como algo más que una actividad que molesta a vecinos y hace perder dinero a los locales de ocio nocturno, son un «factor de riesgo» contra la salud pública al que las administraciones públicas valencianas quieren ponerle cerco. Sanciones más duras, más trabas para la compra de alcohol y refuerzo de la vigilancia son las herramientas principales con las que buscar su freno.

Respecto a la primera, el Consell aprobó ayer en el Pleno la modificación del Régimen sancionador de las medidas de prevención de la covid para añadir como «infracción grave» el consumo de alcohol en la vía pública. Así será considerado a partir de grupos de más de 4 personas —en lugar de 10 como hasta ahora— en la franja horaria que determine la autoridad sanitaria, en este caso, la conselleria.

La calificación de infracción grave conlleva un incremento en la cuantía que se tendrá que pagar en caso de ser sanción. En este sentido, las multas ascienden hasta una horquilla entre los 601 euros y los 30.000 euros, cantidades que buscan que, en palabras del president de la Generalitat, Ximo Puig, «le salga muy caro» a quien no cumpla con la ley.

El cambio de legislación supone convertir en falta grave la participación en reuniones, fiestas o actos similares cuando se constate que no se pueden mantener las medidas de prevención y distancia, y se reserva la falta muy grave para la organización y celebración de estos eventos, por la mayor responsabilidad que conlleva.

«Hemos querido centrarnos en el control de este tipo de fiestas y reuniones porque es en estas relaciones sociales entre los jóvenes donde tenemos el mayor índice de contagios», explicó la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien calificó así el botellón de «gran factor de riesgo» motivo por el cual «lo consideramos como infracción grave».

A esta medida se añade mayor vigilancia por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Policía Local, tal y como se trasladó en una reunión de coordinación de seguridad entre Delegación de Gobierno, Generalitat y los tres concejales responsables de las ciudades de València, Alicante y Castelló.

En este sentido, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, explicó que desde su departamento se «desplegarán los efectivos necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y contener la propagación del virus» y pidió a los municipios que incrementen los efectivos de la Policía local, pues la vigilancia nocturna «es la clave para evitar botellones y la aglomeración de personas» y que son ellos quienes conocen «los lugares de mayor afluencia de los jóvenes una vez cerrado el ocio nocturno».

Por último, el Consell también aprobó la modificación de la Ley de Salud de 2014 para prohibir la venta de alcohol a partir de las 20 horas —antes estaba fijado a las 22 horas— cuando no sea para consumo en el local, tal y como informó la vicepresidenta Mónica Oltra; una resolución que busca dificultar el acceso al alcohol que se consume posteriormente en los botellones.