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Diputados denuncian presión y reabren el debate de los lobbies

Unides Podem reclama un cambio en el reglamento de las Corts mientras la ley no acaba de desarrollarse

Hemiciclo de las Corts 
Valencianes en una imagen
 de un pleno de esta 
legislatura.  i.caballer

Hemiciclo de las Corts Valencianes en una imagen de un pleno de esta legislatura. i.caballer

Ya ocurrió con la aprobación de la ley del Juego cuando varios parlamentarios de los partidos del Botànic se sintieron presionados por los intereses empresariales que no querían que se aprobara la norma. Y ha vuelto a ocurrir.

En este caso es la diputada de Unides Podem Estefanía Blanes la que se siente presionada por un escrito que una mercantil ha enviado a todos los diputados de la comisión de Obras Públicas, de la que forma parte, para que no aprueben una Proposición no de Ley presentada por la formación morada que rechaza un proyecto de urbanización en la llamada Cala Mosca de Orihuela.

En la carta, de 26 folios, la empresa, Playa Salvaje SA, defiende la actuación y pide a los diputados que rechacen la propuesta porque, según dice, es contraria a derecho y obligaría a la Generalitat a afrontar una responsabilidad patrimonial millonaria.

Se da la circunstancia de que las Corts aprobó en noviembre de 2018 la ley de Grupos de Interés (lobbies) que sanciona los intentos de influir en la Administración «de manera deshonesta».

Pero la ley nunca ha acabado de desarrollarse y tiene pendiente crear un registro de lobbies, donde los grupos de presión deben identificarse. Su aplicación sigue en el aire ante el bloqueo del decreto que desarrolla una norma que siempre fue vista con cierto recelo por parte de la pata socialista del Botànic. Este jueves volvió a quedarse fuera del orden del día del pleno del Consell.

Mientras, la diputada Blanes asegura que el escrito enviado a los diputados demuestra que es más necesario que nunca regular la actividad de los lobbies también en las Corts y propone la modificación del reglamento de la cámara para incluir mecanismos de publicidad y control y un registro de estos grupos.

«Los miembros de la comisión hemos recibido presiones de intereses inmobiliarios para no aprobar la iniciativa», señala. Blanes añade que el escrito recoge que aprobarla llevaría aparejadas todo tipo de acciones, tanto administrativas como por vía penal.

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