Cuando se cumplen cinco años de la aprobación de ley que permitió la reapertura de los medios de comunicación públicos tras el cierre de 2013, el director general de À Punt, Alfred Costa, planteó ayer la necesidad de abordar reformas en una norma que, según dijo, ha generado una estructura inoperante y planteó también la necesidad de un nuevo modelo.
Durante su comparecencia en las Corts, en la subcomisión creada precisamente para la reforma de la ley, Costa planteó como modificaciones más urgentes la del artículo que fija el límite de gastos en relación al capítulo de personal y también la necesidad de fundir el actual esquema dual de una sociedad anónima y una corporación en uno solo porque el actual no es eficaz ni tiene sentido. En su opinión una única entidad con un administrador único no solo agilizaría la toma de decisiones sino que permitiría ahorrar al evitar las dos personas jurídicas con las que À Punt cuenta en la actualidad.
Más capacidad de autogestión
Un nuevo modelo en definitiva que mejoraría, asegura Costa, las relaciones con el Consell, las Corts y el recientemente creado Consell del Audiovisual y que permitiría una mayor capacidad de autogestión sin perjuicio del control público de la entidad.
Costa se muestra partidario del «modelo francés», en el que el Consell del Audiovisual elegiría una especie de CEO (consejero delegado) que sería el que abordaría las mejoras necesarias y propondría al director general, que desarrollaría el plan por el que se habría elegido al CEO. De ese modo, otro de los cambios sería el del tiempo de mandato del director general, en la actualidad de tres años, y que es el más corto de todas las cadenas autonómicas. Se acompasaría al del administrador y sería de seis años además de otros seis renovables cada tres para evitar coincidir con los cambios de ciclos políticos. La del tiempo de mandato es una de las cuestiones en las que insistió Costa. Sostiene que entre la llegada del director general, el período en el que se exhiben los contenidos ya aprobados por la anterior dirección y la interinidad en la que se entra una vez se vuelve a convocar la plaza, el período «de estabilidad» se acorta hasta dos años y tres meses. Por ello sería más lógico un nombramiento en paralelo al del Consejo Rector con un horizonte de seis años.
Además, Costa rechaza la posibilidad de abrir un segundo canal en un contexto de caída del consumo televisivo y considera más adecuado destinar todo el esfuerzo económico a aumentar la oferta pública abierta en 2018. Según dijo, en otras autonomías ya ha quedado demostrado que los segundos canales han empezado a reducir horas o a repetir la programación de los primeros.
También defendió la producción propia de informativos, pero abrió la puerta a contratar con terceros contenidos también de actualidad informativa.
Entre las modificaciones citó también la del tope de gasto, que ha quedado en suspenso en dos ocasiones mediante la ley de Acompañamiento lo que demuestra, según Costa, la necesidad del cambio. Además igualaría a la cadena al resto de empresas públicas que no cuentan con ninguna restricción de este tipo.
