El ex subdelegado del Gobierno Rafael Rubio deja la cárcel. Ocurrirá esta misma tarde en aplicación del auto firmado hoy por la jueza de Instrucción número 13 de València, instructora del caso Azud II que investiga una trama de corrupción urbanística municipal en la que Rubio está imputado por prevaricación y blanqueo.

La jueza entiende que ha cesado el riesgo de alteración de pruebas -el concepto incluye a posibles testigos de los hechos- que la llevaron a decretar prisión para Rafael Rubio el pasado 15 de mayo, por lo que estima conveniente dictar libertad provisional. Eso sí, la salida de prisión es con condiciones: acudir a firmar semanalmente a un juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional. Las mismas que la jueza ya fijó para los otros dos investigados que quedaron en libertad el pasado 2 de junio: la empresaria inmobiliaria Mónica M. S. y el supuesto ingeniero financiero de la trama, Joaquín P. R.

Exactamente dos meses en prisión

El auto de la salida de prisión de Rubio llega después de pasar exactamente dos meses privado de libertad, ya que ingresó en la cárcel de Picassent en la noche del 15 de mayo, pero llevaba dos días, desde primera hora de la mañana del 13 detenido, primero en su casa y después en los calabozos de la Guardia Civil de la Comandancia de València.

La decisión de la instructora se produce en respuesta a la primera y única solicitud de libertad provisional que ha planteado el abogado de Rubio, el letrado Virgilio Latorre, y que presentó a finales de la semana pasada y obedece al buen avance de la investigación, que ha permitido asegurar las pruebas sobre las que Rafael Rubio aún podía tener capacidad de intervención y alteración.

Las evidencias reunidas hasta ahora por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con la Fiscalía Anticorrupción de València y la jueza de Instrucción número 13 de la ciudad, establecen que Rubio habría recibido alrededor de 300.000 euros -esa es la cantidad acreditada por el momento- en sobornos por no comprometer los negocios del presunto cabecilla de la trama, el constructor y promotor Jaime María Febrer, con el Ayuntamiento de València, en una época en la que Rafael Rubio era líder del grupo socialista municipal y su portavoz.

La UCO registra la casa de Rafael Rubio Arturo Iranzo

Mordidas a políticos y funcionarios estratégicos

Azud II, tal como ha venido informando Levante-EMV, investiga una trama de corrupción urbanística en la que Febrer habría repartido jugosos sobornos, en dinero en metálico y en regalos, tanto a políticos con capacidad de gestión, como es el caso, por ejemplo, del ex vicealcalde y mano derecha de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València Alfonso Grau, a quien se investiga por el cobro de una cantidad que supera el millón de euros, pero también de funcionarios ubicados en puestos estratégicos de la administración local. De momento, más de 40 de esos funcionarios han desfilado ya por las dependencias de la Guardia Civil y, algunos, también por el juzgado.

Con la salida de Rubio de prisión, que ahora se reincorporará a su puesto como funcionario de carrera con plaza en el Ayuntamiento de València, ya solo quedan en la cárcel Grau y el presunto corruptor y epicentro de la trama, Febrer.