El inesperado jarro frío de agua que ha supuesto la sentencia emitida ayer, casi con empate técnico y después de dos días de deliberaciones, por el Tribunal Constitucional (TC), que invalida el confinamiento domiciliario impuesto por el primer estado de alarma alegando que debía haber sido de excepción —mucho más restrictivo para los derechos de los ciudadanos—, mantiene en vilo al Gobierno, que no sabe ahora si deberá acabar devolviendo el dinero ya recaudado por las sanciones impuestas.
El primer estado de alarma comprendió desde el 14 de marzo hasta el 20 de junio de 2020 y las fuerzas de seguridad utilizaron como marco sancionador tres textos legales: la llamada ley de Seguridad Ciudadana, la de Protección Civil y la de Salud Pública. La mayoría de las propuestas de sanción impuestas por los agentes —en la C. Valenciana fueron más de 100.000 en esos tres meses largos— lo fueron aplicando el artículo de la ‘ley mordaza’ que regula la desobediencia en su grado leve.
De las más de 100.000 impuestas, alrededor de un 40 % nunca fueron tramitadas porque tenían defectos formales y otro 10 % fueron declaradas nulas durante la instrucción administrativa. Aunque no hay datos fiables de todo aquel proceso sancionador, sí se sabe que a fecha de 7 de mayo, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública informó de que, hasta ese momento, se habían tramitado el 49,1 % del millón de actas levantadas en todo el país, cifra que en la C. Valenciana, la tercera más rápida instruyendo, superaba ligeramente la mitad.
Según Política Territorial, en mayo, 12.094 valencianos ya habían pagado de manera voluntaria, con pago anticipado, 8,34 millones de euros. A ese dinero, ya recaudado, se le sumaban en ese momento otros 5,8 millones de euros derivados de los 8.288 expedientes resueltos por la vía ordinaria, esto es, el ciudadano no había aceptado la multa, había alegado y había perdido en su batalla contra la Administración. La suma de lo cobrado por el Estado por las multas en la C. Valenciana ascendía en ese momento a 14,14 millones de euros, aunque la estimación actual, a falta concreta de los datos que aún no ha facilitado Política Territorial —las subdelegaciones del Gobierno, responsables de la tramitación de las multas, dependen orgánicamente de ese ministerio—, es que esa cifra se sitúe en este momento por encima de los 15 millones y por debajo de los 20.
Fuentes del Gobierno recordaron ayer que el confinamiento fue la medida más rápida y eficaz para contener en aquel momento un virus de dimensiones desconocidas, elevada letalidad en las personas mayores y altísima transmisibilidad, en un momento en que además había carencia de barreras sanitarias de contención —mascarillas— y una presión hospitalaria que dejó al borde del colapso todo el sistema sanitario.
Ahora, tras la polémica sentencia del TC, que deriva de una denuncia del partido de ultraderecha Vox, que primero votó sí al estado de alarma y luego llevó esa decisión al Constitucional, los servicios jurídicos del Estado estudian si deberán devolver o no ese dinero ya recaudado y qué ocurre con los expedientes aún en tramitación. En todo caso, parece claro que, si se decide que hay que devolverlo, cada ciudadano deberá reclamar individualmente, salvo que se constituyan plataformas o asociaciones.
