Las entidades sociales lo llevan pidiendo desde hace tres años y ahora la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se suma a la iniciativa que propone aplicar la figura de Autorización de Residencia por Razones Humanitarias a las personas refugiadas llegadas en el buque Aquarius y que todavía no tienen regularizada su situación en España. Por ello, Oltra se reunió ayer con la delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, para trasladarle una propuesta que, sin embargo, es competencia de la de la Secretaría de Estado de Migraciones.
Desde las entidades sociales han exigido el uso de esta herramienta para dar protección internacional a un colectivo que a día de hoy está recibiendo la resolución de sus expediente de forma negativa lo que implica pasar a ser personas en situación administrativa irregular. Es más, según los últimos datos del Ministerio del Interior publicados en Levante-EMV, de las 630 personas que llegaron en el Aquarius, 374 solicitaron protección internacional en en España y el Gobierno ha resuelto 153, y de ellas ha denegado 87. Es decir, por el momento solo ha concedido estatus de refugiado a 49 personas que viajaban en el Aquarius, 1 protección subsidiaria y 16 archivos.
En total, de los 153 solicitantes de asilo un total de 103 se han quedado ya en situación irregular, es decir un 67 % de los casos.
La Autorización de Residencia por Razones Humanitarias supone una herramienta para proteger a los migrantes del Aquarius. La vicepresidenta explicó que esta figura está recogida en el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, «podría ser la solución» para las personas a las que se les ha denegado el asilo, «mientras se abre la vía de la regularización por arraigo, por el tiempo que llevan viviendo aquí».
