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Contratista habitual con el PP y confeso en Gürtel

José Luis Ulibarri, que acaba de admitir cinco delitos en la Comunidad de Madrid, recibió adjudicaciones televisivas y urbanísticas en tiempos de Camps

El empresario José Luis Ulibarri acude a declarar a la Audiencia Nacional en una imagen de 2009. | EFE/MOYA

El empresario José Luis Ulibarri acude a declarar a la Audiencia Nacional en una imagen de 2009. | EFE/MOYA

Una confesión por cinco delitos dentro de una trama urbanística en la Comunidad de Madrid, ligada al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y a la trama Gürtel, ha devuelto estos días a la actualidad al empresario castellano-leonés José Luis Ulibarri, un viejo conocido en la Comunitat Valenciana. Ulibarri fue contratista habitual en tiempos del PP en el Consell.

Magnate de la comunicación, del ladrillo y con tentáculos en el mundo político, Ulibarri extendió ya hace más de una década sus negocios a la Comunitat Valenciana a la sombra del Consell que entonces presidía el popular Francisco Camps (2003-2011).

El empresario, implicado en varias causas judiciales de corrupción ya que su figura ha estado relacionada con las tramas Gürtel, Enredadera o Púnica, aterrizó en el mercado audiovisual valenciano en 2007 y logró que el Consell de Camps le adjudicara trece licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) que gestionaba a través del grupo Mediamed.

La propia Generalitat conminó a propietarios de pequeñas televisiones locales que no tenían encaje legal a asociarse con el empresario y fortalecer su participación. No solo tuvo presencia en el ámbito de la comunicación. Ulibarri participó en la construcción del hospital de Llíria que el Consell adjudicó a una UTE en la que se integró la constructora Begar.

Un imperio que cayó con la crisis

No fue la única empresa de Ulibarri que resultó adjudicataria de contratos en la Comunitat Valenciana ya que también lo hizo en el ámbito de la limpieza de instalaciones administrativas y el Ivvsa e Infraestructuras también le adjudicaron obras, así como algunos ayuntamientos. Tanto el grupo mediático como el imperio de la construcción entraron en decadencia una vez adquirió crudeza la crisis financiera y del ladrillo a partir de 2008 y el estallido de la trama Gürtel en febrero de 2009, que afectó entre otros al propio Camps que tuvo que dejar la presidencia de la Generalitat en 2011 tras su imputación, aunque prácticamente todas sus causas judiciales están ya archivadas. Mientras, el promotor Ulibarri acaba de aceptar, según recoge la agencia Efe, su responsabilidad en un delito contra la Hacienda Pública, otro de prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, por los que asume una condena de 19 meses de cárcel, cinco años y medio de inhabilitación y el pago de 41.200 euros en concepto de multa.

De ese modo, Ulibarri confiesa su participación en la adjudicación en Boadilla del Monte, a la sociedad UFC que presidía, de una parcela en una operación que los investigadores creen que generó un perjuicio al consistorio de más de cuatro millones y se calcula que la comisión pactada entre Ulibarri y el grupo de Correa (Gürtel) ascendió a un millón.

El fiscal pedía siete años de cárcel para el empresario castellano-leonés que ha presentado el escrito en el que acepta 19 meses de prisión por su participación.

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