La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios de la izquierda sobre la composición del nuevo Consejo de Transparencia, aboca a un bloqueo en la reforma de la ley de Transparencia, una norma que el Botànic heredó del último ejecutivo de Alberto Fabra y que, seis años después, aún está pendiente de reforma. El desencuentro se oficializó ayer en las Corts en la presentación de las enmiendas a la proposición de ley, en un apartado muy concreto, pero clave para la aplicación efectiva de la nueva norma. Y es que el PSPV se ha quedado solo en su intento de modificar el texto pactado inicialmente con Compromís y Unides Podem en lo referente a la composición del Consejo de Transparencia, el órgano interno encargado de aplicar la ley y, en concreto, de garantizar el acceso a la información de la ciudadanía.
El texto original, que ni Unides Podem ni Compromís han querido cambiar, contempla un cambio sustancial respecto a la regulación actual, de tal manera que se pretende que el órgano esté integrado por tres miembros con rango de dirección general con dedicación exclusiva. El PSPV, sin embargo, quiere volver a la filosofía actual: cinco miembros sin dedicación exclusiva y que reciban compensación en concepto de dietas por las reuniones. También plantea crear una secretaría general que sería ocupada por una persona funcionaria y que reforzaría el trabajo del resto de miembros.
Los socialistas defienden que este modelo hará más fácil su designación futura y argullen dos motivos. De un lado, porque facilitará que haya aspirantes (ya que no tendrían que renunciar a su actividad profesional) y, de otro, porque ayudaría a sumar a la oposición, que critica la fórmula de las direcciones generales por considerar que aumenta el aparato de altos cargos. Aunque la ley puede aprobarse por mayoría, la elección del consejo precisa de una mayoría cualificada de tres quintos, es decir, el tripartito necesita sumar al PP o a Ciudadanos.
Cabe recordar que en los inicios de la primera legislatura del Botànic, las Corts modificó la ley para ampliar a cinco los miembros del consejo, precisamente, para que todos los grupos políticos (excepto Vox) se vieran representados y facilitar con ello la elección de sus miembros.
Sin embargo, tal y como avanzó ayer este diario, pese a la negociación de los últimos días, el acuerdo en este punto no ha sido posible. La ruptura quedó constatada al registrar el PSPV su enmienda en solitario. La idea es ganar tiempo para una negociación futura y poder transaccionar la enmienda.
Con todo, la fractura está ahí y el horizonte para aprobar la ley y el nuevo consejo se complica. Cabe recordar que todos sus miembros actuales están ya en funciones, algunos desde hace meses, y otros, entre ellos el propio presidente del órgano, con la voluntad de dejar el cargo. El consejo ha pasado años muy duros con reiteradas quejas ante la Conselleria de Transparencia, a la que acusaban de boicotear su trabajo por no dotarla de recursos suficientes. A l a vuelta de verano es de esperar que se retomen los contactos, pero la unidad parece difícil de recuperar. Unides Podem, muy implicado en esta ley (no en vano el texto se elaboró desde la conselleria en manos de EU), insiste en que la fórmula propuesta es la única que garantiza un órgano profesionalizado.
Pero no todo ha sido disputa en las enmiendas. Lo socios han logrado pactar más de cuarenta propuestas de modificación, que recogen muchas de las propuestas que se pusieron encima de la mesa durante el trámite de participación ciudadana. Entre los acuerdos relevantes, destaca, tal como adelantó este diario, el de introducir la capacidad sancionadora. Así, una de las propuestas contempla que las administraciones públicas puedan acordar, previa advertencia al interesado, la imposición de multas coercitivas si no atiende a los requerimientos. Un punto pensado para contratistas o beneficiarios de fondos públicos vía subvenciones que no rindan cuentas. La multa, de cien a mil euros, será reiterada por periodos de quince días hasta el cumplimiento. En todo caso, no podrá exceder del 5% del importe del valor del contrato o de la subvención. La competencia para imponer la multa coercitiva corresponderá al órgano que ha realizado el requerimiento de información, es decir, al Consejo de Transparencia.
