El Consell ha saldado el 90,6 % de la deuda adquirida con los beneficiarios del plan estatal de ayudas al alquiler, compra y rehabilitación de vivienda en dos programas, entre 2005,2008, 2009 y 2012. Se le conoce como ‘Deuda Bonig’ al haber estado la líder popular, Isabel Bonig, al frente de la Conselleria de Vivienda, que percibió 320 millones de euros del Estado pero que nunca repartió entre los beneficiarios de estas subvenciones. Desde hace seis años se han abonado 290 millones a todos ellos, si bien algunos ya han fallecido o no viven en la casa desde donde solicitaron la subvención.
A través de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, en los últimos seis meses se ha ejecutado la tramitación y el pago de alrededor de 6 millones de euros, que forman parte del último paquete de pago organizado, el número 9, del total de 290 millones pagados con la liquidez de la Generalitat. Así, los tiempos se van retrasando en función de cuándo se reciben los Fondos de Liquidez Autonómica del Estado, principal fuente de liquidez para estas ayudas.
Preguntado por esta cuestión, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, confirmó a este diario que las líneas de alquiler y vivienda ya están cerradas y todos los beneficiarios han percibido o van a percibir en las próximas semanas el dinero que se les asignó. En las subvenciones a la rehabilitación todavía se está trabajando en los expedientes recibidos, pero Dalmau asegura que antes del 31 de diciembre de este mismo año estarán abonados.
El director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio, a preguntas de este diario reconoció que esta deuda ha sido un «lastre tremendo» para la gestión del Botànic que ha tenido que destinar de sus fondos estas ayudas consignadas hace 15 años.
Los planes de Vivienda tenían tres líneas: la adquisición de vivienda protegida, la rehabilitación de casas y las ayudas al alquiler. De todas ellas se registraron 65.684 expedientes, muchos de ellos en papel y no digitalizados, por lo que la Generalitat ha tenido que invertir el doble de esfuerzos en ponerse al día con la deuda a cada solicitante. Había expedientes que solo faltaba el reparto del dinero mientras que otros no se terminaron de tramitar una vez les fue aceptada la ayuda.
«Encontramos solicitantes que han fallecido ya, otras parejas que a día de hoy están divorciadas e incluso gente que volvió a sus países de origen y hoy se les llama para anunciarles que van a recibir un pago de miles de euros por una ayuda de 2006, algunos hasta se ponen a llorar», explica Rubio.
A día de hoy, la totalidad de los expedientes está tramitada aunque no todos han percibido aún el dinero. En estos momentos, la Generalitat está pendiente de ejecutar el pago de 3,6 millones una vez obtenga liquidez.
En 2021 se elimina la deuda
Mientras, la Plataforma de Afectados por las Ayudas a la Vivienda ve cómo poco a poco se van restaurando los perjuicios que le ha causado la Administración y por los que han salido a la calle durante años. Hoy mantendrán una reunión con el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, para comunicarles que el total de la deuda en materia de compra y alquiler está pagada y los que solicitaron fondos para la rehabilitación de su vivienda los percibirán antes del 31 de diciembre.
El conseller insistió en que la deuda que se encontraron fue de 320.017.522 euros. «Hablamos de millones de euros y miles de personas afectadas. Ahora ya podemos afirmar que se ha hecho justicia con esas miles de personas, de familias, autónomos y comunidades de propietarios, todas ellas damnificadas por unas ayudas que se comprometieron y no se pagaron, siendo Francisco Camps el presidente de la Generalitat; es muy grave, estamos hablando de ayudas para la vivienda que se comprometieron sin estar presupuestadas».
Martínez Dalmau defendió que fue el Botànic quien regularizó los expedientes, «durante años paralizados», y ahora el segundo Botànic es quien ha ejecutado el pago de las ayudas «y cerrará el expediente de la vergüenza de los gobiernos de derechas».
Las PAH exigen que se amplíe la moratoria del decreto antidesahucios
En el 2020, año de la pandemia, de restricciones en la movilidad, de cuarentenas, de encierro obligado y de la importancia de tener un techo para poder hacerlo, se praticaron en España 29.406 desahucios. La Comunitat Valenciana fue la tercera autonomía con más lanzamientos, con un total 4.501, y la primera en cuanto a desahucios consecuencia de ejecuciones hipotecarias, con 1.640. Y eso que hubo 4 meses de inactividad judicial por el Estado de Alarma y que el Gobierno sacó pecho con un decreto que pretendía impedir desahucios en pandemia a personas vulnerables. Los datos demuestran que no ha sido así aunque la herramienta sí ha blindado a numerosas familias.
Por ello, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas se manifiesta hoy en una acción conjunta (en València, en plaza de la Virgen) para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que amplíe la moratoria antidesahucios. Y es que la entidad prevé un auténtico «tsunami» de desalojos si no continúa esta medida de protección, que finaliza el 9 de agosto.
Las cifras respaldan la preocupación de la PAH. La Comunitat Valenciana registró 1.093 ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales en el primer trimestre del año. En España, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se dispararon un 84,1% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2020.
